En su intervención el director general de FundaRedes destacó la relación de respaldo y cooperación permanente que mantiene el régimen de Nicolás Maduro con grupos terroristas como el ELN, FARC y Hezbolá, además de su total desinterés por atender la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela.
Las constantes persecuciones y amenazas por parte de los grupos irregulares colombianos en Venezuela a los profesionales del periodismo, productores agropecuarios, líderes sindicales del gremio docentes, comerciantes, estudiantes y colectividad en general, fueron denunciadas y documentadas por FundaRedes, en la audiencia Nº 171 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), éste jueves 14 de febrero de 2019, en la ciudad de Sucre, Bolivia.
Javier Tarazona, director general de FundaRedes y presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Táchira, afirmó en su exposición que como consecuencia del conflicto de mediana intensidad generado en los estados fronterizos por los grupos armados irregulares colombianos “en la actualidad existen 683 desaparecidos y 120 secuestrados, 50 casos corresponden a dirigentes gremiales y sindicales”.
En relación a la censura y a la persecución al gremio periodístico que ha emprendido el Estado venezolano a través de “CONATEL, Tarazona afirmó que éste organismo ha cerrado emisoras por tener en su parrilla programas de opinión, dirigidos por periodistas agrupados en el Colegio Nacional de Periodistas y al Sindicato de la Prensa, pero “para sorpresa nuestra, los diales que han sido objeto de la sanción, en la actualidad los ocupa el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de 5 emisoras que tienen en el espectro radioeléctrico venezolano”
Actuación de la guerrilla en las escuelas
El director general de FundaRedes enfatizó ante la CDHH que la penetración de la guerrilla colombiana en la escuelas fronterizas es perversa, ya que utilizan mecanismos de amedrentamiento y hostigamiento para tener presencia en los planteles educativos en las diversas poblaciones ubicadas a ambos lados de la línea fronteriza colombo venezolana.
“Los delegados sindicales y docentes son obligados a trabajar en el aula de clases contenidos guerrilleros, son forzados a entregar panfletos, a desarrollar actividades pedagógicas conjuntas con los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como a utilizar folletos y revistas con contenido bélico para la enseñanza, violando en este caso abiertamente el derecho laboral y sindical que les asiste a estos docentes”, aseveró Javier Tarazona.
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Los grupos armados colombianos – señaló – han ejercido operaciones contra los líderes sindicales en Venezuela, como es el caso de 14 dirigentes sindicales docentes en el estado Táchira, quienes fueron amenazados por la guerrilla por su participación pública en actividades de protesta contra el régimen de Nicolás Maduro.
“En el año 2018, 32 delegados sindicales fueron amenazados formalmente por estas organizaciones irregulares y en lo que va del año 2019 el ELN y la disidencia de la FARC han actuado con armas largas para intimidar a los dirigentes sindicales a fin de que no ejerzan su derecho a la protesta en los estados fronterizos”, argumentó el defensor de derechos humanos.
Solicitud de medidas de protección
Ante la negación de ésta grave situación por parte del Estado Venezolano –continuó Javier Tarazona- solicito a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, instar a las autoridades venezolanas a desarrollar procedimientos que permitan la garantía de la vida de los ciudadanos que habitan en los estados dónde los grupos irregulares colombianos dominan la actividad política, económica y social.
De igual manera, debido al grado de indefensión en que se encuentran quienes integran las organizaciones gremiales y sindicales por parte del Estado venezolano, el director de FundaRedes pidió a la CDHH que se le otorgue una medida de protección a los activistas y dirigentes sindicales que “somos vulnerados y víctimas en éste momento de los grupos irregulares colombianos”.
