Bogotá, 22 sep (EFE).- La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió este viernes una investigación contra la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y 29 clubes por supuestamente intentar obstaculizar la «promoción y el desarrollo del fútbol femenino en el país».
«Entre las presuntas prácticas anticompetitivas identificadas por la SIC estaría la fijación de una tabla de salarios para que la mayoría de las jugadoras profesionales ganaran entre el salario mínimo y un tope de 4,5 millones de pesos (unos 1.130 dólares)», detalló la Superintendencia en un comunicado.
Por este motivo, la SIC puede imponer multas de hasta 116.000 millones de pesos por cada infracción a las personas jurídicas implicadas, es decir a la FCF, a la Dimayor y a los clubes.
Detalles del caso
La SIC expresó que investiga si los implicados desarrollaron un sistema con el que buscaban limitar la libre competencia en el mercado de la liga femenina colombiana desde 2017, cuando se jugó la primera edición del torneo, hasta hoy.
En ese sentido, el organismo precisó que los clubes investigados -entre los que figuran Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe o América de Cali, entre otros- al parecer estandarizaron «cláusulas fundamentales en los contratos laborales para la vinculación de las jugadoras».
Entre esas cláusulas está que los contratos estarían vigentes sólo por el tiempo que durara la liga, que desde su primera edición la temporada que más duró fue cinco meses y se juega una sola vez al año.
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«Los clubes estandarizaron una cláusula relacionada con la explotación de los derechos de la imagen individual de las jugadoras, según la cual las jugadoras tendrían la obligación de participar en campañas publicitarias de los anunciantes que el club eligiera, sin derecho a una contraprestación adicional», agregó la SIC.
De otro lado, los equipos, al parecer con ayuda de la FCF y la Dimayor, fijaron una tabla de salarios «que clasificaba a cada jugadora en una categoría de la que dependía su remuneración», con un tipo de 4,5 millones de pesos mensuales.
«La suma de estas conductas habría significado para las jugadoras recibir un salario cercano al mínimo legal por un tiempo no superior a 4 meses y una sola vez al año, lo cual obstaculizaría el desarrollo del fútbol femenino porque en la práctica la mayoría de las jugadoras profesionales no tendrían la posibilidad de dedicarse exclusivamente a esa actividad y tendrían que buscar otras fuentes de ingresos, lo que podría comprometer su desarrollo profesional», añadió la SIC.
Por otra parte, la SIC acusó a la FCF y a la Dimayor de no recibir el dinero que le ofreció el Gobierno «para la promoción y el desarrollo del fútbol femenino en Colombia».
«Los directivos de las instituciones investigadas se habrían negado a recibir o utilizar esos fondos, aunque uno de los principales argumentos que han referido para explicar las condiciones del mercado del fútbol femenino es la falta de patrocinio y presupuesto para el desarrollo de la Liga Profesional», expresó el organismo.
De otra parte, la SIC señaló que la Dimayor firmó un contrato con el canal de televisión Win Sports para transmitir los torneos organizados por ese organismo.
Ese documento establece unas condiciones que, en opinión de la SIC, «habrían perjudicado el desarrollo del fútbol profesional femenino porque estipularon la obligación de transmitir 10 partidos de fútbol de las competiciones masculinas y solo uno de los partidos de la Liga Profesional Femenina».
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