Caracas, 20 sep (EFE).- El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó este viernes el informe de la Misión Independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela, que denuncia que el país caribeño vive la peor ola de represión y crisis de los derechos humanos desde 2019, afirmaciones que el Ejecutivo -que califica el documento de «vulgar y panfletario»- niega.
A través de un comunicado, compartido en Telegram por el canciller Yván Gil, el Gobierno expresó que el documento fue redactado por una Misión «ilegítima, politizada e ideologizada» para «cumplir órdenes» de Washington y «aplicar» una «política estadounidense» contra Venezuela.
«La persistencia de esta vergonzosa Misión es una muestra clara de la errática deriva a la que están llevando las instituciones del sistema de Naciones Unidas, cada vez más extraviadas de sus funciones, convirtiéndolas en instrumentos de coerción y chantaje a los pueblos y Gobiernos soberanos», expresó.
Además, explicó que Venezuela denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y su Alto Comisionado los «intentos de magnicidio» contra Maduro y «otros altos funcionarios», pero -prosigue el escrito- «lamentablemente» las personas que reciben las denuncias «parecen preocuparse más por conseguir los beneplácitos de Estados Unidos» para «ocupar los puestos en esta burocracia internacional».
Este martes, la Misión -establecida por el Consejo de DD.HH. de la ONU en 2019- afirmó, durante la presentación del informe, que los abusos se han intensificado tras las elecciones del 28 de julio para silenciar cualquier crítica y duda de que Maduro fue el ganador, luego de que la mayor coalición opositora denunciara como «fraudulento» el resultado oficial y asegurara que el vencedor fue su abanderado, Edmundo González Urrutia.
Asimismo, dijo haber confirmado que, en las protestas poselectorales, desatadas contra el resultado oficial, al menos 158 menores fueron detenidos, algunos de ellos con algún tipo de «discapacidad», y los acusaron de delitos graves, como terrorismo o incitación al odio.
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En este sentido, el Gobierno manifestó que la Misión «pretende convertir a las víctimas del fascismo y la derecha extremista venezolana en victimarios», obviando «las acciones» de los ‘comanditos’ -grupos de organización política de la campaña de González Urrutia-, que -aseguró-, «asesinaron a 27 venezolanos y ocasionaron daños a instalaciones» públicas durante las protestas.
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