“El cartel de Pdvsa”. Así etiqueta el fiscal general, Tarek William Saab, al grupo de gerentes y empresarios investigado por hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y del cual hasta la fecha hay 65 funcionarios detenidos. Están pendiente 16 órdenes de aprehensión, ha dicho el Fiscal. A vuelo de pájaro, la Fiscalía calcula que el daño causado a la nación se aproxima a los 200 millones de dólares.
Saab fue juramentado como Fiscal General el pasado 5 de Agosto, tras la remoción de Luisa Ortega Díaz por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Ofreció una primera rueda de prensa el día 11 de Agosto donde informó que se encontró con una red de corrupción dentro del Ministerio Público. Dicha organización criminal, integrada por fiscales y el bufete privado de Rafael Parra Saluzzo, cobraba en dólares a los investigados para “borrar” delitos. Gerentes de Pdvsa fueron los primeros “clientes”, según lo explicado.
Estos funcionarios pagaron grandes sumas para que les pasara por alto los delitos. Fue así como los “graves hechos” de corrupción en la estatal petrolera denunciados por el presidente Nicolás Maduro ante Ortega Díaz, quedaron debajo de la alfombra, dijo Saab.
Al reactivar tales investigaciones, el Fiscal General descubrió “cinco tramas de corrupción” al interior de Pdvsa, a saber: contratos con sobreprecio en la Faja Petrolífera del Orinoco, sabotaje a la producción en Petrozamora, mafia que vendía seriales y vehículos desincorporados en la División Carabobo de Pdvsa-Monagas; sobreprecios de compras internacionales en Bariven y legitimación de capitales por parte de funcionarios de la empresa.
El entramado de corrupción tenía un doble propósito a decir de Saab: colocar a buen resguardo en Estados Unidos dinero mal habido para dañar el patrimonio de Pdvsa; y, afectar la producción de la empresa con el fin de quebrar su relación con socios chinos y rusos.
Maquillaban cifras
Por ejemplo, en la División de Exploración y Explotación de Pdvsa-Oriente, la Fiscalía detectó que se hicieron labores de maquillaje en las cifras de producción, para mostrar una falsa eficiencia y unos falsos niveles de comercialización; entre 2014 y 2017.
El modus operandi de los implicados era modificar la cifra de producción fiscalizada, obtener un pago por regalía y de esta manera aumentar el presupuesto asignado, ocasionando un desfalco a la caja financiera de Pdvsa, según Saab. Por ese hecho, fueron detenidos 11 gerentes. El daño al patrimonio en ese caso suma los1.156 millones 900 mil dólares.
Una faja de sobreprecios
La Fiscalía igualmente descubrió que el gerente general de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León, otorgó 41 mil contratos por un monto de 35 mil millones de dólares, entre 2010 y 2016. En el estudio de 60 contratos se observó “una desmedida sobrevaloración de casi un 200%”, relató el Fiscal el 13/11/17.
Los sobreprecios también fueron descubiertos en Bariven, filial de Pdvsa encargada de adquirir materiales y equipos para la exploración y explotación de hidrocarburos. Los contratos eran abultados entre 100 y 98 mil por ciento con montos que superan los 10 mil millones de bolívares, por ejemplo.
Bajo esa modalidad, Roberto Rincón, dueño de Tradequic, amasó una fortuna. Esta persona pagó más de mil millones de dólares en sobornos para obtener contratos en Pdvsa entre 2008 y 2014, según el Fiscal.
Andorra
El camino andado por Roberto Rincón, también fue lo transitó Diego Salazar Carreño, familiar del ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez. Salazar dirigía un grupo de 40 personas que cobraban comisiones a empresas contratistas de la estatal petrolera. Allí estaban implicados funcionarios de Pdvsa y del Ministerio de Petróleo, quienes fundaron 40 empresas fantasmas para blanquear el dinero proveniente de las mencionadas comisiones; operaciones que contaron con el respaldo de la banda de Andorra, principado europeo situado entre Francia y España.
Salazar y sus 40 “comisionados” legitimaron 4.200 millones de euros entre 2006 y 2012. Lo detuvieron el pasado 1° de diciembre cuando vino a Caracas a un cumpleaños. Ese día Rafael Ramírez entraba en negociaciones con el gobierno venezolano para dejar su cargo como embajador ante la Organización de Naciones Unidas.
