Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) acaba de publicar el dato de la inflación para el mes de junio. El comportamiento de los precios sigue siendo muy errático, del 39,4 % en enero y 20,2 % en febrero, bajó a 4,2 % en marzo y 2,5 % en abril, pero en mayo volvió a subir a 7,6 %, y ahora en junio registra 8,5 %.
Entre enero-junio de 2023, la inflación acumulada rompió el umbral del 100% y esto sentencia la imposibilidad de lograr un inflación menor de tres dígitos. La inflación anualizada entre junio 2022 y junio 2023 registra 429%, y todo indica que esta tendencia se mantendrá hasta el cierre del año.
Las presiones inflacionarias se mantendrán mientras se prolonguen los desequilibrios macroeconómicos y el presupuesto nacional sea calculado con base en premisas macroeconómicas irreales. Hay serios problemas en la coordinación macroeconómica por parte del gobierno, lo cual se debe a la ausencia de un programa de estabilización bien diseñado, con las medidas correctas, aplicadas en orden lógico y a la velocidad adecuada.
El presupuesto de gastos aprobado en diciembre 2022 (Bs 170.703.832.051) con un tipo de cambio promedio de 11,80 Bs/$ equivalía a 14.392,27 millones de dólares. A la fecha de redactar este informe, la tasa de cambio oficial publicada por el BCV registraba 28,16 Bs/$, lo cual derrite el equivalente del presupuesto nacional en dólares.
En efecto, entre enero-junio 2023, el bolívar se ha depreciado 70 %, cuestión que ha reducido a menos de la mitad el equivalente en dólares del presupuesto aprobado en bolívares. La constante depreciación de la moneda nacional disuelve el presupuesto nacional y esto significa que para el segundo semestre no habrá suficientes recursos para financiar el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional (AN).
Está cantado que en el segundo semestre se mantendrán las presiones inflacionarias si el déficit presupuestario se financia con nuevos créditos adicionales que se cubren con emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV.
Conflictividad Social
Para reducir el déficit fiscal, el gobierno minimiza el peso de los salarios y las pensiones en el presupuesto nacional. Así, el costo del ajuste fiscal para estabilizar la macroeconomía los están pagando los trabajadores. En 2023 no aumentó el salario mínimo, sino que decretó un bono de alimentación de 40 $/mes, más un bono de guerra económica por 30 $/mes. A estos se le suman 5 $/mes a lo que ha quedado reducido los 130 Bs del salario mínimo. Este ingreso de 75 $/mes apenas cubre el 14% de la Canasta Alimentarias Familiar (CAF).
Según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI):
- El 81,5% no alcanza a cubrir la canasta básica y está en condición de pobreza.
- El 53,3% no puede comprar la canasta alimentaria y está en pobreza extrema.
El gobierno es cada vez más criticado por los trabajadores y sus sindicatos. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), siguen aumentando las protestas salariales a lo largo y ancho del territorio nacional. En enero se registraron 500 protestas y en mayo superaron las 600 manifestaciones.
Esta ola de protestas está liderada por maestros y profesores de educación media, junto a médicos y otros profesionales del sistema de salud público a los cuales se han ido sumando los funcionarios de ministerios, gobernaciones y alcaldías, que son los más afectados por la desalarización o bonificación de sus remuneraciones.
Los reclamos de los manifestantes no se enfocan en la mejora de las condiciones electorales, la restitución de los símbolos de los partidos políticos o la rehabilitación de sus dirigentes y líderes, sino en la mejora de los salarios, las pensiones y las condiciones de vida de las familias.
El costo electoral
Los precandidatos que aspiran a la Presidencia de la República están emplazados a demostrar ante los electores que tienen muy claro lo que van hacer para superar las causas estructurales de la inflación y para erradicar los factores propagadores que agravan la misma. Pero con la maniobra de forzar la sustitución de los rectores del CNE antes de que cumplieran su período legal e inhabilitar a María Corina Machado, el gobierno logra enfocar el debate político-electoral en la mejora de las condiciones electorales y desviar la atención en torno al reclamo para la mejora de las condiciones salariales y sociales.
Sin una oferta electoral sintonizada con la urgencia de una población exhausta por la crisis, el elector no se sentirá motivado a votar -ni siquiera en la elección Primaria- porque no encontrará propuestas convincentes para superar los salarios de hambre que no alcanzan para comprar la canasta alimentaria, ni aliviar los problemas de electricidad, agua, gas, educación, vivienda, salud, transporte, telecomunicaciones e inseguridad que azotan a las familias venezolanas.
Estos son los problemas que más preocupan a los electores venezolanos y deberían ser la prioridad de los partidos y precandidatos en su oferta electoral. Sin embargo, priorizan su exigencia de mejores condiciones electorales y en la rehabilitación política de los precandidatos, y así se desconectan del clamor nacional que no termina de recibir un mensaje esperanzador que ofrezca soluciones a los problemas concretos de la gente. Y en medio de esa diatriba, los electores no se sentirán estimulados a votar por unos candidatos que se muestran más preocupados por mejorar la condiciones electorales en las que van a competir que por mejorar las precarias condiciones de vida que sufren la mayoría de los hogares venezolanos.
