Al comenzar a escribir esta tercera parte del artículo, y antes de continuar la secuencia de las anteriores entregas, encontramos en los escasos y sobrevivientes medios de comunicación digital que aún están disponibles, cuatro informaciones que reafirman nuestras ideas o conceptos antes explanados y que me permito reseñar: 1) CNP contabilizó 355 casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación social, entre ellos 61 detenciones arbitrarias y bloqueo de sus páginas de internet a 15 medios digitales, 8 emisoras de radio cerradas, decomisos de equipos, impedimento de coberturas y circulación a periodistas, hostigamientos, entre otras muchas violaciones. 2) Observatorio de la ULA registro 233 ataques a Universidades durante el 2020, y en los primeros 15 días del mes de enero 10 incidentes contra 5 Universidades Públicas del país. 3) Instituto CASLA denunció ante la OEA que 141 personas fueron víctimas de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada temporal y violación o alguna forma de violencia sexual entre 2014 y 2020 y las nuevas formas de tortura, tratos crueles e inhumanos: colgados de una polea o columna horizontal, esposados para ser asfixiados y someterle a descargas eléctricas, torturas perdiendo uñas de las manos y pies, ahogamientos, golpes con madera o metal, entre otras formas criminales de tortura, tortura por presión, por espacio reducido, tortura sonora, por congelamiento, por ahogamiento, por simulación de ejecución, por traslado, etc. 4) La cruel masacre de La Vega, considerada el operativo policial más letal en la historia reciente del país, en la cual se aplica la “pena de muerte” administrada discrecionalmente por la policía en las calles y sectores populares.
Por ello coincidimos con el Economista y profesor García Larralbe, quien en el artículo de opinión citado en la anterior entrega (Parte II) expresa que” la tragedia venezolana no es resultado de la ignorancia o de errores de política”; sino por el contrario obedece evidentemente a acciones deliberadas, realizadas en forma clara y conscientemente por Maduro y su camarilla de cómplices, tanto del sector privado como del estamento militar corrupto, llevadas a cabo con la más firme intención y voluntad de depredar y expoliar al país. Es evidente que la eliminación absoluta del Estado de Derecho y el más terrible sometimiento de las actividades económicas de toda índole es razón clara para la realización de dicha expoliación; pero, además la destrucción del sistema constitucional, la represión cobarde contra los medios de comunicación independientes, la persecución a organizaciones de la sociedad civil y de carácter político, la sumisión de los miembros del CNE y del TSJ, entre otras acciones inconstitucionales, lograron aniquilar toda forma de ser relevados por la auténtica voluntad política del pueblo y por las vías democráticas constitucionales y legales, lo cual pone de manifiesto el absoluto carácter dictatorial del régimen de Maduro.
No obstante, el gobierno ha tratado de encubrir su carácter dictatorial bajo formas democráticas y constitucionales, pero absolutamente destinadas a eliminar toda forma capaz de expresar la voluntad popular, ejemplo de ello, lo constituye las fraudulentas elecciones de la Asamblea Nacional realizadas en diciembre de 2020, frente a ello un sector de la oposición ha pretendido asumir la lucha y estrategia política bajo modelos y métodos propios de un sistema democrático, cuando en realidad su naturaleza es brutalmente dictatorial y con un caparazón de democrática; mientras que otros consideran equivocadamente que la ideología y comportamiento del régimen obedece a patrones de una clásica dictadura comunista, con base en la retórica del gobierno y la patética tutela cubana. En expresión popular el régimen puede describirse como “león con piel de cordero”.
Frente a esta situación, acogemos la caracterización que sobre este régimen hace el ya citado García Larralbe, la cual pone de manifiesto la verdadera esencia y naturaleza del mismo, cuando describe: “Pero lo que cohesiona a la dictadura no es ningún imperativo ideológico, sino el tinglado de alianzas y concesiones que se ve obligada a concertar con las distintas agrupaciones que expolian al país, para mantenerse en el poder. La dinámica que se desprende de esa red de complicidades tejidas entre militares, “boliburgueses”, agentes cubanos, Maduro, los Hermanos Rodríguez y otros, y agrupaciones criminales (colectivos, pranes, FARC, ELN), es la que determina las acciones de gobierno. El poder terminó siendo capturado, como tantas veces se ha denunciado, por una confederación de mafias que conviven y rivalizan ente sí para explotar las oportunidades de lucro surgidas con la destrucción del Estado de Derecho. En el estado de anomía resultante, prevalecen los más fuertes y los que logran aliarse con estos. Esto hace de los militares corruptos el eje de la alianza mafiosa, capaces de detener, torturar e, incluso, matar a quienes se interpongan. Son los artífices de las extorciones, confiscaciones, exacción de comisiones a toda transacción con el Estado, tráfico de estupefacientes, etc. Y otras ejecutorias basadas en la fuerza, el pegamento que mantiene a las mafias cohesionadas como régimen”.
Mejor radiografía y descripción de la verdadera esencia y naturaleza de este régimen inconstitucional e inhumano es imposible exponer con tanta veracidad y fundamento, lo cual obviamente genera en opresión, sumisión, desaliento, desesperanza, huida, miseria y pobreza en el pueblo.
José Francisco Conte C.
Abogado y Profesor Universitario.
