A solicitud del Ministerio Público fueron privados de libertad el director de la Brigada de Orden Público de la Policía del Estado Táchira (Politáchira), Javier Useche Blanco (43) y el supervisor jefe auxiliar de Servicios Generales del mismo ente, Henrry José Ramírez Hernández (44) por su presunta responsabilidad en las heridas ocasionadas a dos adolescentes de 16 años y otro de 14 años.
Tal situación ocurrió en horas de la tarde del pasado 01 de julio en la autopista San Cristóbal-La Fría; específicamente en el sector sector Táriba que pertenece al municipio Cárdenas del estado Táchira.
El citado día, una brigada de funcionaros de Politáchira se presentó en el mencionado lugar y, sin mediar palabra, arremetió contra un grupo de manifestantes de la zona.
Durante los enfrentamientos, los funcionarios accionaron sus armas tipo escopeta, cargadas con perdigones, lo que ocasionó varias heridas en el rostro a uno de los adolescentes de 16 años; además de otras lesiones a los jóvenes presentes.
Los heridos fueron trasladados al Hospital Central de San Cristóbal; donde se determinó que una de las víctimas sufrió evisceración traumática de ambos ojos con pérdida total de la vista; mientras que el otro joven de 16 años sufrió una herida de 10 centímetros de longitud en el cuero cabelludo.
Por su parte, el adolescente de 14 años herido en los hechos presentó un traumatismo craneal leve.
El mismo día del hecho, los funcionarios fueron identificados por familiares de las víctimas y testigos, por lo que fueron aprehendidos por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y puestos a la orden del Ministerio Público.
Durante la audiencia de presentación, las fiscalías 16ª y 20ª de Táchira imputaron a Useche Blanco y Ramírez Hernández por la presunta comisión de de los delitos de homicidio calificado con alevosía en grado de frustración, uso indebido de arma orgánica y trato cruel en perjuicio del adolescente que perdió la vista.
A su vez, fueron imputados por uso indebido de arma orgánica en detrimento de los otros dos adolescentes lesionados.
Ante los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 4º de Control de la citada jurisdicción dictó la privativa de libertad contra los funcionarios y fijó su reclusión en la sede del CICPC en San Cristóbal.