Este lunes 11 de septiembre el defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, compareció a la Fiscalía primera del Ministerio Público previa citación telefónica, en donde conoció que fue imputado por la Ley contra el Odio, por denuncia consignada por parte del alcalde del municipio San Cristóbal, Silfredo Zambrano; por el director General, Juan Rodolfo Martínez y el síndico, Mario Izarra.
A las afueras del Ministerio Público, acompañado de su esposa y abogada, Ana Hernández; de la coordinadora regional del Foro Penal Venezolano, Raquel Sánchez; del abogado Reinaldo Pedroza; representantes de la Fundación Redes (Fundaredes); docentes, diputados del Consejo Legislativo Estadal, dirigentes políticos, defensores de derechos humanos y víctimas de abuso de autoridad por parte de la Alcaldía de San Cristóbal; Walter Márquez precisó que no hay elementos probatorios en su contra, sino terrorismo judicial.
“Pretenden intimidarme y no lo van a lograr, vamos a seguir denunciando las graves irregularidades cometidas en la Alcaldía de San Cristóbal, las vamos a llevar a instancias internacionales, y con el equipo de abogados vamos a preparar los argumentos de la defensa”, expresó.
Precisó que se trata de una simulación de hecho punible por parte del alcalde Silfredo Zambrano y del director General, Juan Rodolfo Martínez, quien es el director “del clan de los Martínez”. “Deberían preguntarse cuántos hermanos de Juan Rodolfo trabajan en la Alcaldía, varios de ellos. El señor alcalde cree que porque está pintando y arreglando lo va a eximir la historia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en San Cristóbal. Vamos a seguir actuando, no nos vamos a dejar intimidar”, agregó Márquez.
Walter Márquez indicó que la Fiscalía está siendo diligente imputándolo a él como defensor de derechos humanos, mientras que cerró las averiguaciones en contra del alcalde Silfredo Zambrano y los demás funcionarios, por lo que el juez quinto de control fue el que reordenó que se realizaran las investigaciones.
“El Ministerio Público está siendo diligente en nuestra contra y negligente con las víctimas de crímenes de lesa humanidad y grave violación de derechos humanos”, enfatizó.
Criminalizan defensa de derechos humanos
Sobre este caso, la coordinadora del Foro Penal Venezolano capítulo Táchira, Raquel Sánchez, indicó que con la denuncia a Walter Márquez se está criminalizando la defensa de los derechos humanos en el estado Táchira.
“Es una alerta para nosotros en el estado Táchira que Walter esté siendo investigado en estos momentos por acompañar a presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos, cuando la Fiscalía del Ministerio Público del estado venezolano debe estar en la obligación de investigar si estas acciones o estos señalamientos que este defensor de derechos humanos está elevando, tienen o no carácter penal. Ante estas situaciones el Ministerio Público debía en su momento oportuno investigar a través de un proceso penal, si existió o no las violaciones graves a los derechos humanos”, manifestó.
Sánchez relató que en vez de que eso ocurriera, después de que Walter Márquez hace la denuncia y acompaña a las víctimas de violaciones de derechos humanos, surge la criminalización de esa denuncia, y ante eso hay una alerta dentro del movimiento de defensores de derechos humanos tanto en Táchira como en la región.
Recordó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 6 establece que la comunidad en general puede participar en el tema de la administración de justicia, y el rol que encarga es el de ser contralora de que se cumpla con la ley; y además la reforma del Código Orgánico Procesal Penal da a los defensores de derechos humanos la potestad de asistir a las víctimas en su acompañamiento para llegar a la verdad.
La Coordinadora del Foro Penal Táchira hizo un llamado al respeto a la defensa de los derechos humanos, porque el Estado tiene la obligación de garantizarlo y además el impacto que buscan los defensores es la protección de toda la comunidad. Espera que en este caso sea respetado el debido proceso y el derecho a la defensa.
