Nuestra Venezuela ha sido sacudida en estos días por la naturaleza. Lluvias copiosas, derivadas de tormentas tropicales, han descargado su carga hídrica sobre diversas comunidades del país arrasando con asentamientos humanos, carreteras, puentes, inundando cuantiosos espacios para la agricultura y la ganadería.
Las pérdidas más lamentables ha sido la de seres humanos. También son significativas las pérdidas materiales representadas en casas, instalaciones deportivas e infraestructuras para los servicios fundamentales como agua, energía y comunicaciones Además de la destrucción de cultivos, ganado e inutilizacion de más de 100 mil hectáreas par la agricultura y la ganadería.
Nadie puede evitar que la naturaleza produzca estos eventos, pero lo que si no tiene excusa es la falta de previsión demostrada por los agentes del gobierno socialista.
Si algo ha quedado claro en todo este periodo de lluvias es la piratería con la que la administración de Maduro ha encarado la situación.
La ausencia de un plan nacional de prevención y mitigación de desastres ha quedado en evidencia. Esa grave falencia ha traído consigo una elevación sideral de los daños causados, buena parte de los cuales han podido evitarse, si hubiese un gobierno que verdaderamente gobierne.
En efecto la inundación de las planicies del sur del lago de Maracaibo, por la ruptura del dique de contención de los ríos Catatumbo, Zulia, Chama y Escalante, por la falta de drenaje de los sedimentos, causó unos daños multimillonarios que de haberse hecho a tiempo los trabajos, no hubiese ocurrido.
La tragedia de las Tejerías y Los Castaños, en el Estado Aragua, por la intervención de las cuencas aledañas, los movimientos de tierra sin estudios de impacto ambiental, la sedementación de sus causes de agua, generaron un volumen de agua y lodo que arrasó con todo lo que consiguió a su paso.
Los municipios y los estados cercados financieramente por el estado nacional, sin lineamientos de políticas públicas ambientales oportunas, han desatendido lo que tiene que ver con las políticas de ordenación del territorio y de ordenación urbanística.
Desde que la revolución bolivariana tomó el poder en 1999 más nunca se volvió a hablar de políticas de ordenación del territorio, mucho menos de la urbanística. La anarquía se hizo ley, la demagogia, el populismo y la corrupción sustituyó a las políticas públicas en esta área.
Eso explica el desbordamiento de las capacidades de carga de los servicios de alcantarillado y agua potable en las ciudades, lo cual genera lagunas qué inundan las calles, casas y edificios, con los consiguientes daños generados.
Fue lo que vimos en los Altos Mirandinos el pasado lunes 24 de Octubre, cuando las redes sociales daban cuenta de la inundación causada.
Pero es la ausencia de políticas ambientales, y de ordenación del territorio lo que explica la tragedia de Tejerías, Los Castaños, Sur del Lago, o el mismo desbordamiento del Río Manzanares en Cumana.
Como no hay poderes independientes, no hay una investigación confiable que permita determinar a profundidad, los daños a los ecosistemas que una política minera desaforada, impulsada por actores vinculados a las más altas esferas del poder, han adelantado.
Tampoco lo pueden hacer entidades independientes, como las academias, las universidades y las ONG, porque el régimen militarista impide el ingreso al área de desastre y sus áreas contiguas, a los investigadores que pueden documentar la causa de dichos daños.
El estado autoritario sólo permite la “verdad oficial”, no hay espacio para otras visiones y posturas. Y esa verdad es la propagada de los agentes del desgobierno llegando a la zona del desastre para la foto respectiva.
Lo que ha quedado claro de las tragedias ocasionadas por las lluvias es la improvisación, la falta de políticas de prevención, y la ausencia de un plan para atender las consecuencias sociales de este tipo de tragedias.
Para el actual régimen esos temas se abordan desde la perspectiva de la improvisación. “Como vaya viniendo vamos viendo” dice el refrán. Así actúa la camarilla roja para quienes gobernar no significa prevenir y atender los problemas. Para ellos gobernar es mandar, imponer, hostigar, presumir y maltratar al ciudadano.
Venezuela necesita un gobierno que entienda la magnitud de la destrucción ambiental causada en las últimas dos décadas, no solo por la magnitud de los daños directos causados a nuestra biodiversidad, suelos y aguas, sino por la paralización de los programas de recuperación de cuencas hidrográficas y restablecimiento de los pasivos ambientales causados por la vida humana en nuestros asentamientos, así como por la actividad petrolera, minera e industrial.
En el plan de reconstrucción nacional que debemos acometer como nación, no hay duda que será fundamental impulsar una ambiciosa política ambiental que incluya el rescate de las cuencas hidrográficas, a los fines de disponer de agua suficiente para atender la creciente sed que se apodera de toda nuestra nación.
Por supuesto que será muy importante la ordenación del territorio para garantizar un uso adecuado de nuestro espacios, así como la recuperación de los pasivos ambientales que estos 23 años de revolución han generado, como consecuencia de su absoluto desdén por la naturaleza.
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