Víctor Álvarez R. / @victoralvarez
Con la prolongación de la guerra en Ucrania y el escalamiento del conflicto bélico en el Medio Oriente, se acentúa la presión al alza en los precios del petróleo, cuestión que ha obligado a EEUU a recalcular las sanciones petroleras contra Venezuela. De cara a las Presidenciales de 2024 en EEUU, la Administración Biden necesita evitar el costo electoral que puede generar el alza en los precios de los combustibles y la energía. Como el petróleo venezolano puede contribuir a este objetivo, la OFAC flexibiliza las sanciones y abre nuevamente el mercado estadounidense a los crudos de Pdvsa.
Pero la Administración Biden no solo se plantea conjurar la amenaza de un shock de precios de los combustibles y la energía en EEUU que pueda poner en peligro su reelección, también se propone reorientar los crudos venezolanos hacia occidente, alejar a Miraflores de los negocios con el Kremlin y reducir la influencia rusa en Venezuela, que ya no es solo comercial sino también militar y geopolítica. De hecho, en la licencia de la OFAC Rusia queda por fuera: “Esta licencia no autoriza la disposición de bienes y servicios, inversiones y cualquier transacción de compañías con sede en Rusia o empresas mixtas con entidades de la Federación Rusa”.
Con la flexibilización de las sanciones, Pdvsa recibirá mayores ingresos por la misma cantidad de petróleo y esto alejará al gobierno venezolano de los auxilios comerciales y financieros rusos. Recordemos que los crudos venezolanos se venden con ruinosos descuentos en los mercados asiáticos y, sin sanciones, pueden ser colocados a precios de mercado en EEUU. Si Pdvsa logra vender la misma cantidad de petróleo a los precios actuales, esto generará $ 4 mil millones adicionales para alimentar el mercado cambiario, estabilizar el dólar, bajar la inflación e importar bienes y servicios esenciales para reimpulsar la economía en pleno año electoral.
Los acuerdos directos entre EEUU y Venezuela representan un acto de pragmatismo entre dos gobiernos que necesitan entenderse. Pero como la posibilidad real de lograrlo iba más allá del poder de decisión de los negociadores de la oposición -que no tienen atribuciones para decidir sobre sanciones, desbloqueo de fondos, ni acceso a los mercados petroleros internacionales-, la Casa Blanca decidió gestionar directamente con Miraflores el alcance de los acuerdos petroleros.
En un acto de hiperrealismo político, dos gobiernos antagónicos encontraron puntos de interés común y lograron una serie de acuerdos con efectos económicos y geopolíticos que no se pueden poner en peligro por la diatriba política. Para bajarle el volumen al escándalo desatado a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suspender los efectos de la Primaria presidencial, la propia María Corina Machado (MCM) -ahora líder y candidata de la Plataforma Unitaria-, se encargó de silenciar el escándalo al declarar: “el Tribunal puede decir lo que le la gana, pero el hecho fáctico está allí y es irreversible, de modo que no creo que se ha violado el Acuerdo de Barbados, el régimen está presionando y tensando la liga pero al Acuerdo aún no se ha roto”.
Los acuerdos petroleros están guiados por objetivos de interés común entre Washington y Caracas. Al reabrir el mercado estadounidense al petróleo venezolano, queda alineado el interés de la Casa Blanca de asegurar un suministro estable de petróleo, con el interés de Miraflores de vender ese petróleo sin los ruinosos descuentos que tiene que conceder en los mercados asiáticos. Al menos tres impactos se derivan de este acuerdo:
- Venezuela vende petróleo a precios de mercado y aumenta su ingreso en divisas.
- EEUU recupera el suministro de petróleo venezolano y alivia la presión interna sobre los precios.
- Se reorientan los crudos venezolanos hacia Occidente y se aleja la amenaza rusa del Hemisferio.
La Administración Biden ha otorgado por seis meses licencias específicas y generales para que Chevron y otras compañías estadounidenses aumenten la extracción de crudos venezolanos con destino al mercado estadounidense. Chevron es socia de Pdvsa en cuatro empresas mixtas que, antes de las sanciones, llegaron a producir más de 200 MBPD. Tiene una capacidad instalada superior que no ha podido aprovechar plenamente debido a las sanciones y que le permitiría surtir hasta 400 MBPD al mercado de EEUU. Pero seis meses no son suficientes para aumentar la producción de Pdvsa, debido al deterioro que presenta la infraestructura de la industria petrolera nacional. En el corto plazo, el verdadero beneficiado será Chevron, que si está en capacidad financiera, logística y operativa para aumentar la producción en las empresas mixtas donde participa.
Los costos políticos-electorales de no cuidar el Acuerdo
En el análisis costo-beneficio de los acuerdos, los partidarios de mantener las sanciones argumentan que una negociación petrolera con el gobierno de Maduro tendrá altos costos políticos para Biden. Desde otra perspectiva, quienes cuestionan los efectos colaterales de las sanciones sobre la economía y la sociedad argumentan que el beneficio de estos acuerdos consiste en evitar los costos electorales en las Presidenciales de Noviembre 2024, al evitar el impacto de los precios del petróleo en los precios de la gasolina, la energía y el costo de la vida de los electores estadounidenses.
Para conjurar esta amenaza, la licencia general 44 de la OFAC (LG 44) autoriza a las empresas mixtas en las que participa Chevron, así como con otros socios privados (con la excepción de Rusia) a reactivar la producción y extracción de petróleo y sus derivados, la compra e importación de insumos necesarios para realizar las actividades anteriores. En el caso de las empresas mixtas en las que participa Chevron, la exportación de ese petróleo será única y exclusivamente a EEUU, con un derecho preferente a favor de Chevron.
El impacto positivo en la economía de EEUU de flexibilizar las sanciones no se limita solo al sector petrolero y energético. La Licencia General 3I y 9H levantan las prohibiciones para la reventa de bonos de deuda externa emitidos por la República o Pdvsa antes de 2017. En adelante, los tenedores estadounidenses de esos bonos podrán transarlos y esto contribuirá a recuperar su valor real.
La Licencia General 43 autoriza las transacciones de la empresa estatal Minerven, que estaba vendiendo oro con descuento en Turquía y mercados asiáticos. Con precios de mercado, EEEUU puede ser el destino de unas ventas de oro que, según el Informe del Oro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) podrían llegar a 75 toneladas por año, por un valor superior a los $ 4 mil 400 millones.
La LG 44 autoriza el suministro de bienes y servicios relacionados, entre ellos el suministro de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, razón por la cual los exportadores estadounidenses de plantas, transformadores y conductores eléctricos; bombas de agua, compresores, equipos de telecomunicaciones, etc. podrán recuperar sus negocios en Venezuela.
Por si fuera poco, para contrarrestar el efecto electoral de Trump -que promete una deportación masiva de inmigrantes ilegales- la OFAC también autorizó a Conviasa para realizar vuelos de repatriación de migrantes desde cualquier punto del hemisferio occidental. Como la capacidad de Conviasa es insuficiente, esto abre una oportunidad para la reapertura de los vuelos de empresas aéreas estadounidenses hacia y desde Venezuela.
La generosidad de las seis licencias de la OFAC que flexibilizan ampliamente el régimen de prohibiciones revela el gran interés que tiene EEUU de evitar los riesgos electorales y poner fin a los graves daños que han ocasionado la aplicación y prolongación de las sanciones sobre intereses económicos estadounidenses. Por todas las razones antes expuestas, queda claro que reactivar las sanciones tendría un impacto económico y electoral mayor en EEUU que en la propia Venezuela. Consciente de esto, y presionados por sus aliados y rivales geopolíticos de EEUU que temen ser desplazados si las negociaciones entre la Casa Blanca y Miraflores avanzan, el oficialismo juaga duro con la maniobra de suspender los efectos de la Primaria de la Plataforma Unitaria y de negarse a inscribir la candidatura de MCM en las Presidenciales de 2024.
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