La Iglesia católica venezolana pidió a las autoridades del Estado avanzar en mecanismos de amnistía para los presos políticos, garantizar condiciones dignas de reclusión y respetar plenamente el debido proceso y los derechos humanos.
Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, hizo el llamado el miércoles durante la instalación de la centésima vigésima quinta Asamblea Ordinaria Plenaria de la institución.
“Solicitamos a quienes están al frente de las instituciones del Estado que lleven adelante formas de amnistía o de condenación de la pena o implementen itinerarios de inserción para los privados de libertad”, declaró.
El presidente del episcopado subrayó que la Iglesia mantiene una posición pastoral y no partidista frente a la crisis del país, pero insistió en que la defensa de la dignidad humana, la justicia, la verdad y la paz forma parte esencial de su misión.
Señaló asimismo que la asamblea tendrá dos ejes centrales de trabajo: de reflexión y discernimiento sobre los desafíos que plantea la realidad nacional, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, y el estudio del plan de trabajo de la conferencia y sus órganos ejecutivos para el período 2026-2029.
En el acto, en el que estuvieron presentes el cardenal Baltazar Porras y monseñor Alberto Ortega, nuncio apostólico en Venezuela, pidió garantizar condiciones dignas de reclusión y el respeto estricto del debido proceso y de los derechos constitucionales.
Ley de amnistía en Venezuela
La declaración de la Iglesia católica ocurrió días después del anuncio de una ley de amnistía, una iniciativa que, según analistas, podría abrir un camino hacia una eventual transición política, aunque con alcances todavía inciertos y condicionados a cambios profundos en el sistema judicial.
El politólogo y profesor de la Universidad Metropolitana, Guillermo Tell Aveledo, expresó a la agencia de noticias Efe que la propuesta representa “una señal embrionaria” y un gesto humanitario relevante, aunque insuficiente para hablar de una apertura democrática real.
A su juicio, una transición requeriría, además de la amnistía, la legalización de sectores políticos excluidos, el fin de la censura y la despolitización del sistema de justicia.
Por su parte, Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, advirtió que la amnistía no debe entenderse como una solución automática. Señaló que este mecanismo debería servir no solo para liberar personas, sino también para evitar nuevas detenciones por motivos políticos y limpiar expedientes de persecución.
Cifras verificadas por la organización muestran que desde el 8 de enero se han excarcelado 344 personas, mientras que otras 687 continúan privadas de libertad.
Riesgo de impunidad para los responsables
Romero también alertó sobre el riesgo de que la amnistía derive en impunidad para los responsables de violaciones de derechos humanos y recordó que miles de excarcelados siguen sometidos a medidas cautelares que limitan su libertad.
Tanto él como Aveledo coincidieron en que, sin una reforma estructural del sistema judicial y sin garantías políticas, la amnistía podría convertirse en una medida superficial.
En su mensaje, González de Zárate advirtió además sobre la manipulación informativa y la difusión de falsedades en el debate público, así como sobre intentos de instrumentalizar a la Iglesia con fines políticos.
“No faltará quien quiera instrumentalizar la Iglesia también con fines políticos o desautorizarla con intereses de parte. Y eso requerirá de nosotros, pastores y fieles laicos, un nuevo impulso de conversión a la unidad y a la catolicidad del cuerpo eclesial que se debe traducir en actos concretos de ayuda a cada persona, sobre todo de los más necesitados, y de construcción del bien común de nuestro amado pueblo venezolano, que debe ser un deseo nuestro prioritario en estos momentos llenos de desafíos”, expresó.
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