Washington, 26 abr (EFE).- Human Rights Watch (HRW) entregó este lunes a la Corte Penal Internacional (CPI) y a Naciones Unidas información sobre «abusos aberrantes» supuestamente cometidos por el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra la población del estado de Apure, fronterizo con Colombia.
En una entrevista con Efe, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, explicó que toda la información que ha recopilado la ONG ya está en manos de la Fiscalía de la CPI y de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, creada por la ONU en 2019.
En concreto, la organización ha entregado a esos dos órganos internacionales un informe en el que documenta la ejecución extrajudicial de al menos cuatro campesinos de Apure, torturas, 13 detenciones arbitrarias y el procesamiento ante tribunales militares venezolanos de civiles a los que se les acusa de colaborar con grupos armados.
UN «PATRÓN DE CONDUCTA ABUSIVA»
«El análisis de lo acontecido en Apure nos lleva a la conclusión de que estos hechos son parte un patrón de conducta abusiva de las fuerzas de seguridad de Maduro. Esto no es distinto», afirmó Vivanco.
HRW enmarcó las acusaciones del informe en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por el Gobierno de Maduro contra «grupos irregulares» en el estado de Apure.
El pasado 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició combates en Apure contra dichos grupos que las autoridades nunca identificaron, pero que HRW dice que son una escisión de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC, conocida como el Frente Décimo Martín Villa.
La FANB aseguró que la ofensiva dejó un saldo de 8 militares y 9 «terroristas» fallecidos, así como más de 40 detenidos.
HRW alega en el texto que muchos de los arrestados «no eran miembros de grupos armados», sino de la población local, después de haber entrevistado a 38 personas huidas de Apure, además de a 30 abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios.
Los desplazados entrevistados identificaron como responsables de los abusos a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).
EJECUTADOS CUATRO CAMPESINOS DE UNA MISMA FAMILIA
Los cuatro campesinos muertos eran de una misma familia y las FAES se los llevaron el 25 de marzo de su vivienda en La Victoria, indica el informe.
Sus cuerpos fueron encontrados a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas.
A petición de HRW, unos peritos forenses analizaron fotografías de los cuerpos y concluyeron que los campesinos parecían haber sido movidos del lugar donde murieron. Además, creen que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos fueron colocadas ahí para hacerlos parecer guerrilleros.
Emir Remolina, de 26 años, reconoció los cuerpos como los de sus padres, su hermano y su tío; y al menos 13 personas entrevistadas por HRW afirmaron que las víctimas no eran guerrilleros «sino campesinos que habían vivido y trabajado allí por más de 15 años».
Por otro lado, la organización ha documentado la detención arbitraria de al menos 17 personas en la zona rural de La Capilla, aproximadamente a 6 kilómetros de La Victoria.
Según la esposa de uno de los detenidos, agentes de las FAES cubrieron las cabezas de los arrestados con sus camisetas, los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos.
En otras zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa, los agentes venezolanos «ingresaron por la fuerza en varias viviendas», sin una orden de allanamiento y detuvieron a sus residentes, en su mayoría campesinos, afirma el informe.
HRW BUSCA UNA INVESTIGACIÓN DE LA CPI Y LA ONU
Debido a la supuesta implicación de las fuerzas de seguridad venezolanas, Vivanco considera «imprescindible» que la Fiscalía de la CPI y la misión de la ONU examinen la posible responsabilidad de comandantes y autoridades de alto nivel que podrían haber ordenado esos abusos.
También se debe identificar a quienes por su posición en la jerarquía militar o civil tenían el poder de haber prevenido esos abusos y no hicieron nada para evitarlos, añadió Vivanco.
El año pasado, la misión de la ONU presentó un informe en el que acusó al Gobierno de Maduro de haber cometido crímenes de lesa humanidad, mientras que la Fiscalía de la CPI se mostró un poco más cautelosa y se limitó a decir que hay «fundamentos razonables» sobre la comisión de este tipo de delitos.
La comunidad internacional está a la espera de que la Fiscalía de la CPI decida si inicia una investigación sobre Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, un tema sobre el que abrió un examen preliminar en febrero de 2018.