Human Rights Watch (HRW) advirtió el jueves que los ataques ordenados por el presidente Donald Trump contra dos lanchas rápidas procedentes de Venezuela, que dejaron al menos 14 personas muertas, constituyen ejecuciones extrajudiciales ilegales.
En un comunicado, la organización señaló que no existía un conflicto armado que justificara el uso de la fuerza letal y acusó a Washington de debilitar sus propios mecanismos de control legal.
Ataques militares de EE UU en aguas internacionales
El 2 de septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que fuerzas militares habían destruido una embarcación rápida procedente de Venezuela en aguas internacionales. Según el mandatario, en el ataque murieron 11 personas vinculadas al grupo criminal Tren de Aragua, designado por Washington como organización terrorista extranjera.
Ese mismo día, Trump difundió en su red Truth Social un video aéreo de baja resolución que mostraba la explosión de la lancha. HRW, tras analizar el material, confirmó que al menos seis personas estaban a bordo antes del impacto.
El 15 de septiembre se produjo un segundo ataque contra otra lancha venezolana. Esta vez murieron tres hombres. Las imágenes publicadas muestran la embarcación inmóvil con al menos dos tripulantes antes de ser alcanzada por un ataque mortal.
HRW denuncia ejecuciones extrajudiciales
Para HRW, ambos ataques violan el derecho internacional de los derechos humanos. Sarah Yager, directora de la oficina en Washington de la organización, subrayó que el narcotráfico no constituye un conflicto armado que habilite a Estados Unidos a usar la fuerza letal indiscriminada.
“El problema del narcotráfico hacia Estados Unidos no constituye un conflicto armado, y las autoridades estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones de derechos humanos pretendiendo lo contrario”, afirmó Yager.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que el derecho a la vida está protegido y solo se puede recurrir al uso letal de la fuerza cuando sea estrictamente inevitable para proteger vidas ante una amenaza inminente. HRW denunció que en estos casos no existió tal riesgo, tampoco se intentaron medidas alternativas como la interceptación o el arresto.
El relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, junto con otras dos personas expertas de la ONU en derechos humanos, emitieron una declaración condenando los ataques como ejecuciones extrajudiciales ilegales.
Los expertos recordaron que el derecho internacional humanitario, aplicable en situaciones de conflicto armado, no rige en este caso, pues Estados Unidos no está en guerra ni con Venezuela ni con organizaciones criminales transnacionales. Por ello, los ataques deben evaluarse bajo el derecho internacional de los derechos humanos, que impone mayores restricciones al uso de la fuerza.
Human Rights Watch instó a otros gobiernos a condenar públicamente estos hechos y a rechazar los intentos de Washington de ampliar sus atribuciones militares bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico.
La organización pidió al gobierno estadounidense cancelar cualquier plan de futuros ataques similares y garantizar que toda operación militar cumpla con las normas internacionales de derechos humanos.
“El Congreso debe iniciar una investigación inmediata y transparente sobre el proceso de toma de decisiones detrás de estos ataques, incluida la justificación legal y la cadena de mando”, exigió Yager.
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