La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, manifestó que la migración venezolana está en el «máximo nivel de importancia dentro del Gobierno Nacional».
«El presidente (Juan Manuel Santos) y yo hemos realizado un seguimiento en detalle desde la misma crisis de deportados colombianos, en agosto del 2015, hace 29 meses», reseñó.
Por otra parte, Holguín manifestó que «los ministros de Salud y Educación han desplegado medidas importantes de atención para la población venezolana y, en general, estamos valorando permanentemente la situación de forma que las acciones sean bien dimensionadas, actuamos con la mayor responsabilidad para un tema que no es solo del Gobierno Nacional y del Estado colombiano, sino también del país».
Aseguró que los asuntos migratorios impactan a toda la población colombiana, empresas y sus instituciones, sin embargo, destacó que «muchos países han crecido positivamente con una buena visión de sus políticas migratorias».
Asimismo, reconoció que «estamos frente a una problemática que este país no había vivido en toda su historia. Cambiamos de ver los colombianos deportados a un flujo importante de colombianos en proceso de retorno en el 2016. A partir del 2017, las cifras nos muestran que los flujos se han ido invirtiendo y ahora llegan principalmente migrantes venezolanos, un 65 por ciento, según estudios que hemos hecho con la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas».
«Esta situación afecta ya a más países, como Ecuador, Perú, Chile, Brasil y otros más. Sin duda, el mayor afectado en estos momentos es Colombia por el volumen de población ya recibida. La llegada de esta población a nuestras zonas de frontera implica ya un problema mayor por cuanto estos municipios ya tienen serios problemas de infraestructura, desempleo, informalidad y también de seguridad», agregó Holguín.
Plan de contingencia
La canciller colombiana dijo que tiene listo un “plan de contingencia con soporte disponible para el caso de una situación de emergencia o crisis en la frontera con Venezuela” con capacidad para atender a 5.000 familias, que equivaldrían a unas 25.000 personas, según la Unidad Nacional de Atención del Riesgo.
Además, “hay planes listos para la construcción de campamentos en caso de que sea necesario” en zonas fronterizas.
El Tiempo