En Venezuela se vivieron diversos hechos políticos de repercusión internacional. La dinámica de tales situaciones trajo como consecuencia separaciones de algunos grupos políticos, agresiones contra funcionarios, protestas antigubernamentales que marcaron la historia reciente de la nación.
Conforme el tiempo pasa y en vísperas del cierre del turbulento año 2017, se presentan, de manera cronológica, los momentos políticos más relevantes que sensibilizaron a los venezolanos dentro y fuera de su territorio.
Para iniciar este recorrido debemos dar un paso al 2016, cuando las fuerzas de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro decidieron convocar un Referendo Revocatorio, consagrado en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que los cargos de elección popular, como la presidencia de la República, son revocables una vez que haya transcurrido la mitad del periodo de tiempo determinado en la misma Carta Magna. Asimismo, indica que un número no menor al 20 por ciento de los electores inscritos en el registro del Poder Electoral, puede solicitar la convocatoria a un referendo popular con la intención de revocar del cargo al funcionario en cuestión.
A pesar de la aparente “facilidad” con la que se presenta en el texto constitucional la realización de esta convocatoria popular, los integrantes de la coalición opositora indicaron que el Consejo Nacional Electoral (CNE) colocó “trabas” para evitar este proceso.
Es así que el llamado para recabar las firmas del 1% de los electores, con el fin de solicitar luego las firmas del 20% del Registro Electoral, no se pudo realizar debido a que entes del Gobierno nacional acusaron a la oposición de hacer fraude mientras se recogía la primera tanda de rúbricas. Ante ello, los tribunales penales de los estados Trujillo, Aragua, Bolívar, Carabobo, Monagas, Apure y Zulia (sin competencia para decidir en este tipo de casos) anularon la recolección del 20%, lo que causó que la fecha para realizar el Referendo Revocatorio antes del 10 de enero del 2017, no pudiera concretarse.
Cabe destacar que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tenía la esperanza de convocar a dichas elecciones antes de esta fecha, pues esa iba a ser la única manera de revocar al presidente Nicolás Maduro. De no ser así y si se realizaba en el primer trimestre del 2017 (tal como lo estipuló el CNE), y de ganar la oposición quedaría el vicepresidente de la República en el cargo, quien en ese momento era Aristóbulo Istúriz. Las elecciones no se celebraron, ya que para la oposición no tendría el mismo efecto de cinco meses atrás cuando se decidieron por ese instrumento constitucional.
En vista de ello y en búsqueda de otras alternativas, el 9 de enero del 2017, el Parlamento venezolano declara el abandono del cargo de Nicolás Maduro, debido a que había faltado al cumplimiento de sus funciones. El diputado Henry Ramos Allup manifestó, en su momento que “el Gobierno de Nicolás Maduro es totalmente fallido y forajido. El abandono de cargo es la forma de resolver la crisis. Se abandona cuando no se cumple debidamente con las funciones correspondientes”.
A pesar de la declaratoria de la Asamblea Nacional (AN), esta decisión no se ejecutó. En tal sentido, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) subrayó que el Parlamento venezolano carecía de atribuciones para destituir a Maduro.
Las sentencias 155 y 156
Dada la crisis del país, la oposición comenzó a fijarse en otras opciones para salir deponer al Gobierno, pero la lucha de poderes entre la AN, electa el 6 de diciembre del 2015, y el TSJ se intensificó. El 28 de marzo del 2017, la Sala Constitucional, que desde el 24 de febrero estaba en manos del magistrado Maikel Moreno, dictaminó la sentencia 155 y el día 29 del mismo mes, la 156.
La sentencia 155 estableció, en un primer lugar, que el presidente Maduro tenía competencias para legislar, debido a que la AN había establecido un “Acuerdo sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela”, y que fue rechazado por el diputado oficialista, Héctor Rodríguez, quien interpuso un recurso de nulidad al máximo tribunal el 22 de marzo del 2017. Con esta sentencia, también se dejó en evidencia que el TSJ limitó la inmunidad parlamentaria de los diputados del Parlamento.
La sentencia 156, por su parte, dejó saber que la Sala Constitucional se atribuía las competencias parlamentarias “para velar por el Estado de Derecho”, dejando sin efecto a la Asamblea Nacional y la voluntad de los electores que sufragaron en diciembre de 2015.
El 31 de marzo, Luisa Ortega Díaz, quien estaba a cargo de la Fiscalía General de la República, denunció que dichos dictámenes del máximo tribunal de Venezuela representaban una “ruptura del hilo constitucional”. Igualmente, la oposición, países extranjeros y la Organización de Estados Americanos (OEA), calificaron la acción del TSJ como un “autogolpe” perpetrado por Maduro y sus seguidores.
El 1 de abril del 2017, la misma Sala Constitucional del TSJ dictaminó en contra de sus propias decisiones en las sentencias 157 y 158 respectivamente, pero ya se había iniciado un movimiento de protestas ciudadanas que reclamaba en las calles respeto a su voluntad, pues consideraban que esta fue robada por el Gobierno.
Las protestas toman el país
Desde el 1 de abril, las protestas se extendieron en todo el territorio nacional. Más de 100 muertos, 3.000 heridos, así como políticos inhabilitados y apresados hasta el mes de agosto, cuando se apaciguaron las protestas. En se periodo la MUD llamó a hacer marchas, trancas, paros generales y demás acciones públicas de manera sistemática que tuvieron efecto internacional.
En el marco de las protestas que sacudían a Venezuela y debido a las constantes denuncias por parte de la OEA contra el gobierno de Nicolás Maduro, el 26 de abril el presidente de la República, en la voz de la entonces canciller Delcy Rodríguez, decidió retirar al país de la organización con la intención de “acabar con los abusos intervencionistas”. Esto fue, igualmente, mal visto por la comunidad internacional, expectante por las manifestaciones que se desarrollaban en la nación.
El 1 de mayo, Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con la intención de apaciguar las protestas que se seguían desarrollando en esos días. “Convoco a una Constituyente profundamente Obrera, Comunal, del Pueblo”, sentenció el mandatario desde un acto para conmemorar el Día del Trabajador, en la avenida Bolívar de Caracas. Horas después hizo entrega de las bases de la convocatoria al CNE. Fue el 23 de ese mes cuando el Poder Electoral anunció que las elecciones para elegir a los constituyentistas se realizarían el 30 de julio.
Cuando las protestas tendían a decaer, el 27 de junio un ataque contra el Tribunal Supremo de Justicia desde un helicóptero, en manos del comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez, acentuó el alto grado de incertidumbre que se vivía en el país. Pérez disparó contra el edificio del TSJ y el Ministerio de Interior y Justicia, arrojó. Posteriormente, asumió la responsabilidad del hecho y se declaró en rebelión.
Leopoldo López sale de Ramo Verde
Otro día de gran relevancia para Venezuela fue el 8 de julio, fecha en la que el TSJ concedió “casa por cárcel” a Leopoldo López, quien estaba recluido en la penitenciaría militar de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda. El líder opositor apresado en febrero del 2014, salió de la cárcel cuando las protestas se seguían desenvolviendo en el país, y fue visto como un gesto que buscaba aplacar las manifestaciones.
El 16 de julio se efectuó la consulta popular impulsada por la oposición, en donde sufragaron, según la MUD, 7.535.529 de personas, quienes expresaron su rechazo a la ANC, así como solicitaron la obediencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para defender la Constitución del año 1999 y la completa renovación de cada uno de los Poderes Públicos.
Pero el 30 de julio, tal como lo indicó el CNE, se llevaron a cabo los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente, donde, según el Poder Electoral, 8.089.320 de votantes ejercieron su derecho para elegir a los responsables de crear una nueva Carta Magna para la República y dictar decretos, entre otros.
Por otra parte, el 1 de agosto, un día después de las elecciones de la ANC, los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma fueron sacados de sus residencias, donde cumplían la condena de “casa por cárcel”, debido a videos que difundieron a través de sus redes sociales.
El de López fue difundido el 26 de julio, días antes de las elecciones de la ANC, y se refirió a las protestas como una herramienta necesaria para la “libertad”.
“Quiero decirle a los venezolanos que esta lucha que comenzó en las calles, que ha estado en las calles y que continuará en las calles, la debemos mantener hasta conquistar la libertad, la democracia y la paz”, destacó el líder opositor.
Ledezma, por su parte, difundió el video el 31 de julio, un día después de los comicios solicitados por Maduro, en el que señaló que “los poderes públicos se han puesto al servicio de una tiranía que el domingo reincidió en seguir golpeando, destruyendo nuestro Estado de Derecho, apoyándose en siete magistrados de naturaleza ilegal y en una fracción de la Fuerza Armada Nacional”. Asimismo, el exalcalde Metropolitano, se refirió a la Asamblea Nacional Constituyente como «un fraude».
“No tenemos por qué sorprendernos de lo que ocurrió el domingo, eso (la ANC) era una fraude más que cantado”.
Ambos dirigentes fueron regresados a sus casas el día 4 del mismo mes, fecha en la cual se instaló formalmente la ANC y se eligió a Delcy Rodríguez como su presidenta.
Tarek William Saab fue designado como el nuevo Fiscal General de la República por la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de agosto, luego de que Luisa Ortega Díaz fuera removida del cargo por la misma institución en la primera sesión que se llevó a cabo. Cabe destacar que fue el constituyentista Diosdado Cabello quien lo propuso como el nuevo fiscal. Al respecto, Saab indicó, en su momento, que se encargaría de hacer cumplir «el mandato que esta magna Asamblea Nacional Constituyente me ha encomendado hacer».
«Hacer justicia con dignidad, con decoro, para todos, de manera equilibrada, dándole un mensaje al mundo de que esta es una democracia firme que respeta los derechos humanos pero con dignidad y con honor», sentenció el fiscal designado en esa oportunidad.
La madrugada del 6 de agosto el país se enteró de un alzamiento militar en el Fuerte Paramacay, ubicado en Naguanagua, estado Carabobo, donde efectivos del Ejército se declararon en rebelión en contra del presidente Nicolás Maduro. En este suceso hubo un enfrentamiento que causó la muerte de una persona, así como funcionarios heridos. Este hecho luego fue negado por las autoridades, quienes dijeron que los que atacaron el cuartel fueron civiles vestidos de militares, pero el capitán Juan Caguaripano, se atribuyó el asalto en un video que colgó en redes sociales.
Asamblea Nacional Constituyente y sus mandatos
Un mes relativamente tranquilo fue septiembre donde se destacó el día 4, pues la ANC comenzó la discusión de la Ley contra el Odio y la Intolerancia por la Convivencia Pacífica.
En octubre 15 se celebraron las elecciones regionales, solicitadas al CNE por la Asamblea Nacional Constituyente, donde resultaron electos 17 gobernadores para el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y cinco por la oposición. Cabe destacar que la MUD no aceptó los resultados porque, a juicio de la organización, éstos presentaron irregularidades y lo mismo hizo la AN, pero el 19 de octubre.
Cabe destacar que una de las condiciones era que los gobernadores tenían que juramentarse ante la ANC y el 23 de octubre, los cuatro mandatarios regionales representados por el partido político Acción Democrática (AD), Antonio Barreto, Alfredo Díaz, Laidy Gómez y Ramón Guevara se presentaron ante la institución en el Palacio Federal Legislativo. Por su parte, el gobernador electo del Zulia (Primero Justicia), Juan Pablo Guanipa, se negó a “rendirse” frente a la ANC, lo que le costó su cargo el 26 de octubre, pues fue destituido por el Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ).
El día 3 de noviembre, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó la inmunidad parlamentaria del diputado Freddy Guevara, una de las figuras opositoras que dirigió las protestas que se realizaron en abril. Este dictamen luego fue remitido a la Asamblea Nacional Constituyente para solicitar la apertura de un juicio en contra del parlamentario.
El 5 de noviembre la embajada de Chile en Venezuela concedió el asilo para Guevara en calidad de huésped y luego el 6, la ANC aprobó el juicio en contra del diputado, quien fue acusado por los delitos de flagrancia, asociación para delinquir, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir.
El exalcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, causó un gran revuelo en el país el 17 de noviembre, puesto que escapó de su arresto domiciliario en la ciudad de Caracas, dirigiéndose a Colombia y desde allí, a España. Estuvo apresado en su hogar desde el año 2016, debido a que fue acusado por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
“Hay que rescatar cuanto antes la democracia en Venezuela. No permitiremos que se nos vaya Venezuela de las manos”, fueron sus palabras cuando llegó a la ciudad de Madrid.
El 10 de diciembre se celebraron las elecciones municipales, igualmente solicitadas al CNE por la Asamblea Nacional Constituyente, así como los comicios regionales en el Zulia, dada la falta absoluta del gobernador electo el 15 de octubre. En este evento electoral, el PSUV salió victorioso con la gran mayoría de los ayuntamientos (más de 300) y la gobernación de ese estado.
Intentos de Diálogo Político
En el mes de diciembre han ocurrido hechos de gran importancia: el 1 de diciembre, día donde se llevó a cabo la primera reunión de diálogo político entre delegaciones del Gobierno nacional y la oposición, con la finalidad de llegar a acuerdos concretos que buscaran la estabilidad del país; sin embargo, fue pospuesto para el día 15 del mismo mes.
Tanto el gobierno como la oposición acordaron discutir seis puntos, con el objetivo de llegar a acuerdos que permitieran la paz y la solución de la crisis en el país.
Los puntos en las conversaciones fueron los siguientes:
Oposición
– Apertura de un canal humanitario que facilite medicinas y comida a los venezolanos que más lo necesitan.
– Reestructuración completa del Consejo Nacional Electoral para poder ir a elecciones libres y garantizadas.
– Liberación de todos los «presos políticos”.
– Reconocimiento y restitución de cada uno de los poderes parlamentarios inherentes a la Asamblea Nacional.
Gobierno
– Reconocimiento internacional de la Asamblea Nacional Constituyente.
– Levantamiento de sanciones económicas que pesan sobre algunos funcionarios del Gobierno nacional.
Y al llegar el día 15 de diciembre, tal como se estableció a principio del mes, las delegaciones de ambas fuerzas políticas se encontraron en República Dominicana para una segunda reunión que buscó, igualmente, soluciones efectivas para la crisis que atraviesa el país, a través de la discusión de los seis puntos destacados. Sin embargo, nuevamente no se llegó a acuerdo alguno, por lo que el Gobierno y la oposición pautaron una nueva ronda de reuniones para el 11 y 12 de enero del 2018, respectivamente.
Polémicas decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente
Recientemente, específicamente el pasado 20 de diciembre de 2017, la ANC suprimió y eliminó las alcaldías metropolitanas de Caracas y la del Alto Apure, creadas durante el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.
Al respecto, el artículo 172 de la Constitución señala que “(…) cuando los municipios que deseen constituirse en un distrito metropolitano pertenezcan a entidades federales distintas, corresponderá a la Asamblea Nacional su creación y organización”.
Otra de las medidas tomadas por la ANC, en la sesión del día 20 fue la de exigir a los partidos políticos que no participaron en las pasadas elecciones regionales a renovarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), al margen de lo previsto en la Ley Orgánica de Procesos Electorales que contempla que una organización política se invalida cuando no participa en dos comicios consecutivos de carácter nacional.