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Más de 20 mil colombianos fueron deportados de San Antonio del Táchira con sus hijos venezolanos en agosto de 2015. Tres años después no han podido recuperarse económica y moralmente de las pérdidas
Un hecho que le dio la vuelta al mundo, imágenes que quedaron marcadas en la memoria del habitante de frontera, pero sobre todo en las vidas de quienes fueron sacados a la fuerza de sus hogares, después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidiera cerrar el paso fronterizo entre Venezuela y Colombia el 19 de agosto de 2015.
Aunque el fallecido jefe de estado, Hugo Chávez, les permitió invadir terrenos en frontera y levantar sus viviendas, y que el para ese entonces gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, hiciera campaña electoral en los barrios que conforman el sector “La Invasión” de San Antonio, municipio Bolívar del estado Táchira, los ciudadanos colombianos, con niños nacidos en Venezuela, tuvieron que huir por las trochas y cruzar el río Táchira, cargando neveras, cocinas y los pocos enseres que podían llevarse. Otros se fueron sólo con lo que tenían puesto, y cuando volvieron para recuperar lo que habían dejado, encontraron todo vacío, se lo habían robado.
Golpes y agresiones verbales de parte de funcionarios de la Guardia Nacional, esposos separados de sus familias, y la amenaza de que el gobierno venezolano se quedaría con sus hijos, por haber nacido en esta tierra, los marcó. Llegaron a Colombia como salieron, sin nada, a vivir de la caridad y del auxilio del expresidente Juan Manuel Santos, quien a partir de ese momento dejó de ser “el mejor amigo de Maduro”, como se hacía llamar.
Tres años después, las más de 20 mil personas que vivieron estos hechos exigen justicia, por lo que crearon una asociación de desplazados llamada Deredez “por las víctimas de la frontera connacionales”, a través de la cual, junto al diputado jubilado a la Asamblea Nacional, defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, elevarán una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos –Cidh- y la Corte Penal Internacional –CPI- en contra de Nicolás Maduro, exigiendo la reparación de daños morales y materiales, así como también que se condene a cadena perpetua al presidente de Venezuela.
El diputado venezolano, Walter Márquez explicó que como se agotó la vía legal nacional en ambas naciones, junto a abogados colombianos recurrirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh- de la Organización de Estados Americanos –OEA- en Washintong, solicitando que pase el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, para que se establezca la responsabilidad del Estado venezolano y se paguen reparaciones e indemnizaciones a los afectados. También enviarán el caso a la Corte Penal Internacional –CPI.
Recordó que existía para la época la Ley de Migración que firmó Hugo Chávez y que obligaba a hacerles un juicio antes de ser deportados; y la Ley de Protección a la Vivienda, firmada por Hugo Chávez, pero lo que hicieron en La Invasión fue meterle tractores, y marcaban las casas con R de revisar y D de demoler, hecho catalogado como crimen de lesa humanidad de acuerdo al Estatuto de Roma.
“A Nicolás Maduro le quedan tres destinos: la cárcel, el destierro o el cementerio, pero él está maniobrando para que no lo lleven a La Haya. En La Haya tiene dos posibilidades: uno que lo condenen a 30 años de prisión, y otro que lo condenen a cadena perpetua, que es lo que vamos a solicitar por los graves daños causados al pueblo venezolano y al pueblo colombiano”, destacó.
«Todo quedó en silencio»
La presidenta de la Asociación Deredez, Ana Teresa Castillo, manifestó que luchan por devolverle a las personas deportadas de Venezuela, entre las que habían desplazados y refugiados, todo lo que el gobierno les quitó.
«No sólo perdieron viviendas, sino que hogares de 10 y 12 años se acabaron, fue como una maldición, queremos que el gobierno y la gente internacional nos escuche, porque hay mucha gente que está abandonada por todo esto. Se busca una indemnización, porque quedaron sin nada», expresó.
Recordó que a las mujeres funcionarios de la Guardia Nacional las trató de prostitutas, a los hombres de paramilitares, y a muchos se los llevaron presos sin deberle a la justicia. Relató que a una ciudadana colombiana a la que le decían «La Paisa» se la llevaron, le quitaron los pezones de los senos y la dejaron presa. «Ella no era nada, son personas inocentes, ahí pasaron muchas violaciones», dijo.
«Nos pretendían quitar los niños»
Yaneira Quintero tenía desde el año 2002 viviendo en Venezuela. Les llegaron a su casa en La Invasión «Ezequiel Zamora» a las 6 de la mañana del 20 de agosto de 2015, diciendo que harían un censo, y se los llevaron a una cancha donde no comían, ni tomaban agua. Su hija menor tenía 6 meses de edad y el más grande 10 años.
«Nos pretendían quitar los niños, decían que teníamos que dejarlos porque son venezolanos y nosotros colombianos. Algunas madres firmaron y les quitaron sus hijos, nosotros no firmamos, y por la trocha sacamos algunas cositas, amanecimos durmiendo en la trocha, el Ejército colombiano nos brindó ayuda, nos dieron una carpa para dormir y alimento», relató llorando.
Reconoce que quedó traumatizada en aquel momento, y aclaró que no eran paramilitares, ni guerrilleros por vivir en Venezuela, sino ciudadanos que buscaban mejor calidad de vida.
En calidad de refugiada
Luz Marina Hernández vivía en Venezuela en calidad de refugiada, con el apoyo de los padres Jesuitas, huyendo de su país por el conflicto armado existente. Su esposo trabajaba en la construcción y ella limpiando hogares. Con ellos vivían sus tres hijos de 18, 10 y 8 años de edad.
Ese día se encontraba junto a su hermano que estaba de visita, cuando llegaron los funcionarios de la Guardia Nacional a las 6 de la mañana. «Me salí por la trocha por el miedo, la presión. Yo era refugiada, vino la Guardia nos llevó a los módulos, entró otro grupo y nos tumbó el ranchito que era de zinc, las puertas, nos revolcó la casa. Mi hermano estaba de visita, no supimos si se lo había llevado la Guardia o qué. Él dejó una moto y cuando llegamos se habían llevado la moto», recordó.
Indicó que a cada rato los perseguían y los encerraban, lo que tenía a los niños aterrados, llorando todo el día, por lo que decidió cruzar la trocha y en La Parada llegaron a un albergue. Sus hijos le siguen teniendo miedo a cualquier organismo de seguridad.
«Todo me lo robaron»
«Nos llegaron a las 6 de la mañana, nos sacaron, nos detuvieron y nos dejaron en el puente a las 4 de la tarde, aguantando hambre y todo. Todo lo que tenía en ese rancho me lo robaron, no se qué se haría, como a los cuatro meses fui a reclamar y qué reclamaba, no había nada».
Es el relato de Ema Rosa Telles, a quien su esposo se le había muerto dos años antes, y tuvo que atravesar todo sola con un hermano. No entiende porqué las autoridades venezolanas los trataron de esa manera, si ellos no habían cometido delito alguno.
Dice que su situación económica es mala, porque después de perder lo que tenía, no tuvo como levantarse en Colombia.
Lo relatado por estas tres personas, es sólo parte de lo que entregarán ante la CPI y la Cidh por las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro en contra de ciudadanos venezolanos y colombianos después del cierre de frontera.
