Desde la plaza Bolívar de Valera y en compañía de los alcaldes, legisladores regionales y parte de su tren ejecutivo, el Premier de Trujillo firmó un decreto contra la «guerra económica», el cual establece una nueva normativa en materia económica bajo la perspectiva de Estado de Excepción
Yoerli Viloria
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La plaza Bolívar de Valera sirvió de escenario para que Henry Rangel Silva, gobernador de Trujillo, en compañía de los diputados del Consejo Legislativo, alcaldes y parte de su tren ejecutivo, firmara un acuerdo contra la llamada «guerra económica», con el que espera poner fin a la especulación, reventa y otras distorsiones económicas en la región bajo la perspectiva de un Estado de Excepción y emergencia económica.
«Estamos firmando una orden de batalla, un gran compromiso, no es un juego la lectura y firma de este decreto tan preciso y justo, que más allá de arrancar aplausos lo que debe generar es un extraordinario compromiso de lucha y acompañamiento de todas las acciones», resaltó el Premier, quien además reiteró que el pasado 20 de mayo el pueblo le ofreció el apoyo al presidente Maduro y todas las fuerzas revolucionarias.
Entre las medidas que contempla el acuerdo firmado figura la prohibición de la comercialización del papel moneda y venta del dinero en efectivo; prohibición de la dualidad de precios bajo cualquier modalidad y la venta o reventa de productos distribuidos por el Estado, adquiridos a través de los distintos planes de atención al pueblo, «salvo aquellos autorizados en asambleas por las diferentes organizaciones del poder popular».
De igual manera el documento establece la constitución una comisión estadal, presidida por el Gobernador, además de nueve comisiones territoriales, direccionada por los alcaldes y conformada por los entes públicos del Estado. De igual manera la Gobernación de Trujillo instalará un centro de mando y control para ejercer las acciones necesarias para dar cumplimiento al decreto.
El abordaje de los mercados municipales, mataderos, centros de beneficios y demás espacios públicos y privados donde se comercialicen alimentos de primera necesidad también figura en el decreto, a fin de garantizar que los trujillanos accedan a los productos a precios justos.
