Las colas para abastecer combustible en San Cristóbal son de hasta tres días, y los funcionarios militares se niegan a echar gasolina a vehículos con casos especiales como furgonetas y ambulancias
Ni para llevar a un muerto a su destino final hay combustible en el estado Táchira. Este miércoles tan sólo cuatro estaciones de servicio se vieron laborando, mientras las demás aunque permanecían cerradas, estaban rodeadas de kilométricas filas de vehículos que parecen no tener fin.
El tachirense debe vivir y dormir en sus carros durante dos y tres días, si es en San Cristóbal, y hasta ocho días si es en los demás municipios, para poder tener acceso al llenado del tanque de gasolina, paralizando con ello sus actividades diarias, trabajos, quehaceres del hogar y la posibilidad de tener una vida normal.
Durante un recorrido realizado en diversas estaciones de servicio se pudo comprobar la negativa de funcionarios de la Guardia Nacional –GN- de darle prioridad a casos especiales, como lo es el traslado de un cadáver que tenía ya un día de fallecido y estaba en la furgoneta, esperando solo por gasolina. Iba a ser enterrado en la localidad de Colón, municipio Ayacucho, a unas dos horas de la capital tachirense.
Si el conductor hacía la cola probablemente pasaría tres días sin salir de allí, como estaba ocurriendo con quienes seguían a la espera. Tratándose de un caso especial, les explicó a los funcionarios militares la situación, les mostró el ataúd, la orden del entierro y los documentos presentados por los familiares, pero ningún poder humano pudo convencer a quienes en ese momento tenían la autoridad de la estación de servicio.
“Vamos a Colón, necesitamos gasolina para echarle al carro. El guardia dice que no, que espere, que no. Aquí tenemos una hora, ayer falleció y en el Hospital Central también tuvimos que bajarlo cargado por las escaleras porque los ascensores no funcionan”, expresó Gerardo López, conductor de la furgoneta.
Una situación similar ocurrió el martes en horas de la tarde con las ambulancias de Protección Civil Táchira, pues en ninguna bomba les daban la autorización para llenar el tanque, por lo que su director, Jaiberth Zambrano, tuvo que atravesar los vehículos en una estación de servicio sin moverse del sitio como medida de presión, pues se trata de los carros con los que se movilizan ante cualquier emergencia que se registre en la entidad.
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De 10 mil a 20 mil pesos
Los usuarios en espera por la llegada de las gandolas denunciaron una vez más el pago de 10 mil, 15 mil y 20 mil pesos por parte de los coleados a los funcionarios militares y policiales para que los dejen pasar sin hacer cola.
Abelino Vásquez estaba en fila, estimaba que era el número 300 por lo que no tenía esperanzas de lograr abastecer este miércoles. Denunció que la corrupción sigue en todas las bombas. “No creo que logre echar por la coleadera que hay aquí, los 15 mil y 20 mil pesitos, olvídalo que vamos a poder echar. Mi esposa salió a ver si numerábamos, a ver si se podía hacer algo, pero la corrupción es enorme”, acotó.
Por su parte, Manuel Jaimes, quien estaba haciendo cola desde la noche del martes en la Unidad Vecinal, manifestó que ha visto muchas irregularidades, entre ellas personas que hacen la fila así no les corresponda el número de placa y posteriormente venden los puestos en 20 mil pesos; así como taxistas que hacen cola para también vender el cupo, cuando a ellos les corresponde en estaciones de servicio especiales.
“A esos taxistas no les deberían marcar los carros, igualmente se los marcan y posteriormente hacen la venta de los puestos, y quienes estamos haciendo la cola que nos corresponde hoy, calándonos toda una noche haciendo una cola no tenemos la oportunidad de echar gasolina por ello. El guardia marca 90 carros nada más y se regresa, porqué no marca los carros para los que está capacitada la gandola para surtir, para uno no perder el tiempo, si van a echar 300 carros uno sabe y se va si no tiene chance”, dijo.
El carro de Jaimes quedó por fuera del marcaje de los primeros 90 vehículos y estimaba que estaba cerca del número 300, por lo que no creía que pudiera alcanzar a echar. Tenía gasolina solo para regresar a su casa, y si no lograba abastecer este miércoles tenía que esperarse hasta el sábado que es cuando le vuelve a corresponder por número de placa. Es productor agropecuario, tiene una finca en la zona sur y no ha podido movilizarse a su trabajo.
Álvaro Silva forma parte de los contralores comunales del sector Divino Redentor, quienes están inspeccionando las estaciones de servicio de su zona, ante las denuncias de corrupción por parte de los funcionarios militares. Aunque se acercaron a los efectivos de la GN, estos no les permitieron el acceso.
“Estamos haciendo control social debido al gran índice de corrupción que vemos en funcionarios de la Guardia, quienes no respetan a las comunidades, a los usuarios que hacen cola diaria en esta estación de servicio y se aprovechan de las necesidades de nuestro pueblo, que se calan días haciendo cola y estos señores haciendo dinero a costillas de las necesidades de nuestro pueblo. Estamos ejerciendo un derecho constitucional que es contraloría social”, manifestó.
Silva mostró una carpeta en donde tenía anotadas las denuncias de los usuarios las cuales elevará a la Zona Operativa de Defensa Integral –ZODI-, a la Región Estratégica de Defensa Integral –REDI- y a la Fiscalía, por lo que hizo un llamado a las comunidades a asumir el control de las estaciones de servicio, de los centros de llenado de gas y del Hospital Central, para que no permitan el abuso y la corrupción. “El Presidente ha hablado muy claro, el poder popular debe asumir hoy las riendas de este país”, acotó.
A la falta de combustible, coleados y a la corrupción, se suman los apagones. Cada vez que ocurre un apagón las estaciones de servicio que están operativas, quedan suspendidas mínimo por seis horas, que es lo establecido en el racionamiento, lo que hace más larga la espera del usuario.
