El sueño de los constituyentes originarios de 1811 de crear una república federal descentralizada aún está pendiente. Por mil razones distintas se ha venido aplazando la concreción de lo establecido en las numerosas constituciones que hemos tenido, pero el cambio estructural que está experimentando Venezuela como consecuencia de la declinación de la dependencia petrolera, del abandono del Estado rentista y de la experiencia vivida con la elección directa de gobernadores y alcaldes, además de los cambios planetarios, crea las condiciones para retomar el desafío de desarrollar adecuadamente el modelo federal largamente postergado.
Es buenos recordar aquí la primera constitución de 1811 y la más reciente de 1999:
“Constitución Federal para los Estados de Venezuela: HECHA por los Representantes de Margarita, de Mérida, de Cumaná, de Barinas, de Barcelona, de Trujillo y de Caracas, reunidos en Congreso General.
En el nombre de Dios Todo Poderoso, nos, el Pueblo de los Estados de VENEZUELA, usando de nuestra Soberanía y deseando establecer entre nosotros la mejor administración de justicia, procurar el bien general, asegurar la tranquilidad interior, proveer en común a la defensa exterior, sostener nuestra Libertad e Independencia política, conservar pura e ilesa la sagrada religión de nuestros mayores, asegurar perpetuamente a nuestra posteridad el goce de estos bienes y estrecharnos mutuamente con la más inalterable unión y sincera amistad, hemos resuelto confederarnos solemnemente para formar y establecer la siguiente CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA LOS ESTADOS DE VENEZUELA Constitución, por la cual se han de gobernar y administrar estos Estados”.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999
Artículo 4. La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”.
Ambos textos han sido letra muerta y siempre ha predominado el centralismo caudillista, aún con los avances del período democrático desde 1958 hasta 1999, con partidos políticos leninistas centralizados. Todo ha conducido a un país centralista y concentrado. Centralista porque la mayoría de las decisiones se toman en el centro del poder, que es la capital Caracas, sin mayor participación de las provincias y de los municipios.
Concentrado porque las consecuencias han sido que la mayoría de las inversiones públicas se realizan en el centro, reforzando las ventajas comparativas y competitivas para la atracción de inversiones, generación de oportunidades y provocando la emigración desde las provincias, haciendo de la región centro – norte – costera del país la de mayor peso político, social y económico. Esa realidad ya se preveía en las discusiones que en 1811 se realizaban en el Congreso matriz que dio la forma de Estado a Venezuela.
Esta centralización política y concentración de actividades nunca ha sido buena, si bien pudo haberse justificado cuando era aún endeble el sentido de integridad nacional, que no fue fácil con la herencia de montoneras y caudillos militares que siguieron a la Independencia. A más de 200 años ya es tiempo suficiente para su cambio, como se puede vislumbrar de las señales dadas en las elecciones del 21 de noviembre pasado, con la emergencia de los liderazgos locales a lo largo y ancho de las localidades del país.
Y es que Venezuela es otra radicalmente distinta a la que teníamos. El agotamiento del modelo rentista petrolero que generaba casi todos los ingresos fiscales y los concentraba en el poder central está siendo sustituido por formas más distribuidas territorialmente, lo que demanda la creación de un verdadero sistema tributario que considere las nuevas realidades.
La riqueza del país ya no es generada por la industria petrolera en manos del Estado, sino por cientos de miles de empresas y personas repartidas a lo largo y ancho del país, ya no dependientes del sector público, que lucha por sobrevivir al autoritarismo, intervencionismo e inseguridad jurídica, y esperan que el gobierno central cumpla con sus obligaciones establecidas en la Constitución, genere confianza y estorbe lo menos posible a la iniciativa privada. Y que los gobiernos estadales, y sobre todo los gobiernos municipales, sean eficaces en prestar adecuadamente los servicios públicos y crear espacios gratos para el bienestar ciudadano.
Más allá deI contexto nacional, el cambio de modelo debe producirse porque la revolución informática hace que los lugares provincianos, antes sinónimo de rústicos e ignorantes, accedieron a la información y al conocimiento, y aún con las severas condiciones impuestas por este régimen, en todas partes la gente tiene un teléfono inteligente, una “tablet” o una computadora, o cerca de su casa hay un “ciber”.
Las emisoras locales, las redes que se multiplican tanto para la conexión de familiares y amigos, sino de grupos de interés público cambian la naturaleza de los lugares que antes dependían casi totalmente de los emisores centrales de información, ahora se comunican, conversan y participan. Se dan cuenta de las distintas miradas sobre los diversos asuntos y se crean sus propias narrativas del devenir.
La gente de los lugares, las localidades, los municipios y las regiones ya no esperan que les llegue la información, pues la buscan y la generan. Ya los líderes de los partidos no tienen por qué resignarse a “esperar la línea” de las cúpulas, sino que entran a formar parte del sistema de toma de decisiones, o simplemente la toman según sus propias conveniencias. Allí están las lecciones de las recientes elecciones locales.
Por otra parte, la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) crean un marco de referencia global que no sólo comprometen a los entes multinacionales y nacionales, sino a las entidades territoriales y muy particularmente a las entidades locales, que ya están marcando distancia gracias a sus audaces iniciativas y a las interconexiones globales de estas experiencias. Todos los ODS tienen incidencia local, pero uno de ellos en particular pone su mirada en estos territorios: Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
La concreción del modelo federal descentralizado es una necesidad real y sentida, y para ello no es necesario un nuevo proceso constituyente. Con unas reformas puntuales para hacer más ágiles a los municipios y a las entidades federales, la creación un sistema de financiamiento que le garanticen unos recursos para el cumplimento de sus competencias y promover un sistema de control y rendición de cuentas, bastaría.
Con este proceso de desarrollo del sistema federal descentralizado no sólo ganan las provincias y los municipios, gana mucho el gobierno central al dedicarse a lo que le es propio, sin el lastre de estar produciendo bienes y servicios propios de las entidades locales y provinciales o del sector privado.
En la agenda de transformación que exige el país uno de los procesos más importantes es la sustitución del modelo centralista autoritario por un sistema federal descentralizado, que acerca más a la libertad, la democracia y la justicia.
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