El 4 de mayo de 2020, en medio del segundo apagón registrado ese día en el sector El Campito de Mérida, desconocidos a bordo de una camioneta dispararon contra personas que protestaban, entre ellas, Rafael Hernández. El estudiante de ingeniería de la Universidad de Los Andes (ULA), de 21 años de edad, fue trasladado al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), a donde llegó sin signos vitales.

Testigos del hecho informaron a la prensa que la camioneta donde se trasladaban los asesinos no tenía placas. Los sujetos dispararon al menos seis veces contra civiles desarmados que protestaban quemando cauchos y tocando cacerolas, en rechazo a cortes de luz que durante los meses de abril y mayo de 2020 llegaron a sumar hasta 20 horas continuas.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) denunció tras el hecho que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llegaron al sitio del asesinato a hacer las pesquisas de rigor pasadas las 9:00 a.m. del 5 de mayo, cuando ya habían transcurrido más de 12 horas del hecho. En ese lapso de tiempo, peatones y vehículos transitaron por el área donde ocurrió el crimen, lo que pudo alterar evidencias. “Esta es una irregularidad que dificulta la identificación de los responsables del crimen y da cabida a la impunidad”, denunció este observatorio en nota de prensa.

“Mecanismos de inteligencia social” e impunidad

El asesinato de Rafael Hernández, que luego de un año permanece impune, no es un hecho aislado. Ese mismo lunes 4 de mayo Jehyson Guzmán, designado por Nicolás Maduro en el cargo inconstitucional de “protector” del estado Mérida, hiciera un llamado a las “estructuras” del régimen a activar sus “mecanismos de inteligencia social”.

“Convocamos a todas nuestras estructuras. Unidades Populares de Defensa Integral (UPDI), Brigadas de Paz, milicianos, jefes, jefas de calle, de comunidad y de Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh) a defender la paz, a activar nuestros mecanismos de inteligencia social”, dijo Guzmán desde una sede policial del estado en un mensaje que fue difundido por medios de comunicación y portales web del régimen, acompañado del comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI-Mérida), el General de División Danny Ferrer Sandrea, y otros jefes policiales y militares estadales.

El llamado de Guzmán ocurrió luego de que funcionarios de Nicolás Maduro detuvieran a exmilitares que llegaron a las costas de La Guaira el 3 de mayo. Este hecho fue catalogado por el régimen como un intento de invasión marítima a Venezuela, conocido como Operación Gedeón.

La actuación criminal de grupos armados afectos al régimen no es nueva. Durante las protestas sociales de 2014 y 2017, miembros de los llamados colectivos chavistas dispararon contra manifestantes en reiteradas ocasiones, causando la muerte o lesiones de gravedad permanentes a centenares de ellos. La mayoría de estos crímenes permanecen impunes.

Prensa ODH-ULA