Caracas. En uno de los últimos actos legislativos del año la Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley derogatoria de la Ley del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI) y en el cual se contemplan y tipifican los crímenes de lesa humanidad.
Bajo la premisa de “demostrar y denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje de una institución (CPI) que debería servir para proteger a los pueblos”, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, encabezó esta aprobación que vino directamente de la AN y no incluyó ninguna solicitud previa del Ejecutivo Nacional.
Y aunque la intención manifiesta de la acción legislativa es que Venezuela denuncie este pacto, que ratificó en año 2000, especialistas en materia jurídica explican que los pasos para formalizar una acción que excluya al país del estatuto debe seguir otros pasos.
Denunciar el estatuto
Tras la sanción de la Ley Derogatoria del Estatuto de Roma, el Ejecutivo no se ha pronunciado para su promulgación y posterior publicación en Gaceta oficial.
Ali Daniels, abogado y miembro de la ONG Acceso a la Justicia, explicó a Crónica Uno que “llama la atención y no se entiende exactamente cuál es la razón por la cual se está utilizando la vía de una ley derogatoria cuando la Convención Americana, por ejemplo, fue denunciada sin ese mecanismo” y cuando el propio estatuto contempla un mecanismo.
El artículo 127 de este tratado explica que cualquier Estado parte puede denunciar el mecanismo mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), y que la denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación.
No obstante, aclara que esto no exonera al denunciante de su deber de cooperar con la CPI en “el contexto de las investigaciones y los enjuiciamientos penales en relación con los cuales el Estado denunciante esté obligado a cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la denuncia”.
En este sentido, Daniels detalla que son tres las consecuencias principales de una eventual denuncia de Venezuela a este estatuto ley en el que se estableció desde 1998 el marco legal para juzgar crimen es como el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión, entre otros.
La primera de las consecuencias, apuntó el abogado, es que cesará toda obligación de comunicación y de información y colaboración con la Corte, pero esa obligación solo cesaría un año después de que la denuncia sea depositada ante el Secretario General de Naciones Unidas, tal cómo lo establece el propio Estatuto de Roma.
“Lo segundo es que todas las investigaciones que esté llevando a cabo la fiscalía de la CPI van a continuar porque expresamente señala el estatuto que lo que se esté haciendo, aún cuando se denuncie el estatuto, pues esa denuncia no va a interrumpir las actividades en curso. Y en tercer término, si de esa investigación sale la presentación de un caso, él mismo puede continuar ante ese tribunal”,
puntualizó Daniels.
Venezuela ante la CPI
En la actualidad, Venezuela es el único país de Latinoamérica con una investigación abierta ante la CPI. El proceso inició en 2018 cuando la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció que su oficina abriría un examen preliminar sobre Venezuela, que es una etapa previa a la apertura de una investigación.
En 2020 la Fiscalía aseguró que la información disponible sobre el caso ofrecía “bases razonables” para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Estos crímenes incluyen persecución política, encarcelamiento u otra privación severa de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual por parte de las autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y partidarios del gobierno, pues la CPI no juzga Estados, sino a personas.
El 3 de noviembre de 2021, luego de una visita a Venezuela en el marco del examen preliminar, el fiscal Karim Khan anunció que la CPI decidió abrir formalmente una investigación.
Esa investigación es denominada Venezuela I y revisa la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en las masivas manifestaciones antigubernamentales de 2017.
Actualmente está abierto también el examen preliminar Venezuela II, que inició tras la petición del Gobierno de Venezuela de que se investigarán presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos como consecuencia de la aplicación de sanciones adoptadas por el gobierno de Estados Unidos, desde 2014.
El fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, expresó recientemente que las investigaciones en el caso venezolano avanzan, pero anunció que la oficina de la fiscalía de la CPI en Caracas cerraría “por la falta de cooperación” del Estado venezolano.
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