Cuando Javier* salió de su casa, ubicada en San Antonio, municipio Bolívar del estado Táchira, el 27 de junio de 2024, encontró en el suelo varios panfletos que tenían escrito su nombre y apellido, junto al mensaje “usted es objetivo militar de esta organización”. Los volantes tenían el logo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el nombre del Frente Urbano “Carlos Germán Velasco Villamizar”. Las paredes de su vivienda habían sido pintadas con un círculo y un punto, para marcar un objetivo. En medio de su sorpresa, entendió que estaba en riesgo.
Javier participó en campañas electorales y fue testigo de mesa de la oposición durante los últimos 20 años. También ejercería ese rol en las elecciones presidenciales pasadas pero, tras recibir esa amenaza, cruzó la frontera hacia Colombia ese mismo día para ponerse a salvo.
Ese 27 de junio, día en que la líder de la oposición venezolana María Corina Machado visitó el Táchira, marcaron las viviendas de al menos otros nueve dirigentes opositores de la zona. Lo mismo ocurrió en Capacho y al día siguiente en la localidad de Rubio, municipio Junín del Táchira, todas zonas de frontera.
Javier no pensó que el ELN llegaría a tanto. Días antes de que esto ocurriera, había declarado para este trabajo periodístico que a pesar de la presencia de la guerrilla en la zona sur de San Antonio, en ningún proceso electoral habían amenazado directamente a la dirigencia política sino que las presiones eran más para que la gente votara por la opción de izquierda. Estaba convencido de que ejercía sus derechos políticos con tranquilidad, pero no fue así.
No es la primera vez que aparecen pintas y panfletos en la frontera colombo-venezolana y en otros municipios del estado Táchira. En 2018 la Fundación Redes (Fundaredes) denunció que en al menos 10 estados del país tanto el ELN como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) entregaron panfletos a los ciudadanos invitándolos a votar por Nicolás Maduro. En 2016 habían advertido que estos grupos forzaron el voto asistido en zonas rurales.
Según un informe publicado por la organización Crisisgroup, que se encarga de hacer alertas para la prevención de la guerra y proponer políticas públicas para evitar conflictos, desde el año 2017 el ELN avanza profundamente al interior de Venezuela. Para el 2018 calcularon que alrededor del 70 % de sus tropas operaban en las zonas fronterizas.
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En 2021 la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea publicó en su informe sobre las elecciones de gobernadores y alcaldes, que el acceso a zonas dominadas por actores armados fue difícil, mientras que en 2022 Fundaredes denunció en su boletín que también hubo pintas en paredes con amenazas de muerte a candidatos, hordas de motorizados encapuchados y presencia intimidatoria de la guerrilla en centros electorales de los municipios Bolívar, Ureña, Córdoba, García de Hevia, Seboruco y Lobatera.
El candidato a la Gobernación del Táchira por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Fernando Andrade, denunció antes y el día de las elecciones que sus testigos de mesa no pudieron ingresar a los centros de votación de varias zonas rurales porque grupos guerrilleros se lo impidieron.
Estas tácticas intimidatorias para influir en los votantes exigiendo apoyo al partido gobernante, también fueron confirmadas por Insight Crime, organización dedicada al estudio del crimen organizado en las Américas, en informe publicado en julio de 2023, lo que se repitió en 2024 en la frontera.
El artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que las presiones ejercidas por los grupos irregulares, acompañados de colectivos armados durante los procesos electorales violan el derecho al voto libre, secreto, universal y directo.
Presión que no funciona
Jhonny* ha trabajado dentro de las trochas de la zona sur de San Antonio del Táchira junto al ELN, específicamente en el sector El Palotal, comunidad en la que este grupo irregular tiene gran influencia sobre las comunidades, y en donde a las 4:00 a.m. del 28 de julio hombres en moto hicieron disparos al aire a las afueras de los centros electorales, en los que había ciudadanos en cola.
Durante la campaña electoral, el ELN no amenazó a la ciudadanía, pero les instó a votar por la reelección de Nicolás Maduro. “Hacen el llamado a la comunidad donde ellos operan para que asistan a ejercer el derecho al voto y apoyarlos a la tendencia que ellos quieran. En ese sentido si hay una influencia. Por temor la gente puede que vote por quienes ellos decidan, es el apoyo que ellos piden para poderse sostener donde ellos están operando, porque al haber un cambio de gobierno ellos tendrán que salir de territorio obligados”, dijo.
Para Miguel Morffe, profesor universitario e investigador del contexto fronterizo y analista de políticas públicas, los grupos irregulares ya no tienen tanta incidencia en el comportamiento de los habitantes de frontera. Opinó que, si así fuera, los resultados electorales publicados por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que arroja como ganador a Edmundo González, hubieran favorecido a Nicolás Maduro en los municipios que colindan al Táchira (Venezuela) con el Norte de Santander (Colombia).
“En los municipios de frontera, según esos resultados, ni siquiera ganó Maduro. Pudo haber presión, pero no incidió como tal, porque la presencia la tienen, pero no el efecto que ellos quisieran en la población, el impacto de la guerrilla en la votación, los números te dicen que no”, dijo.
Morffe comparó el proceso del 28 de julio con las elecciones de Colombia, en donde la guerrilla sí incidió en las zonas de frontera favoreciendo el voto hacia Gustavo Petro. “Petro ganó en muchos municipios donde había una presencia fuerte marcada de la guerrilla; es decir, que ahí sí se sintió y se vio la presencia, fue directamente proporcional en los votos hacia Petro, pero aquí no”, agregó.
En el municipio Junín los grupos irregulares llegan a las zonas rurales a presionar con su presencia. Dirigentes políticos de diversos partidos confirmaron para este reportaje que integrantes del ELN se ubican en las puertas de los centros de votación con armas en mano, al frente de los funcionarios del Plan República, sin que estos actúen.
“La frontera es una realidad complicada. En algunos sitios se ha evidenciado presencia de grupos irregulares, pero con respeto, aunque no mandan a votar su presencia marca por sí sola, en las zonas rurales como Baritalia, Vicente de La Revancha, zona alta de Bramón”, relató un representante de la Plataforma Unitaria que solicitó el resguardo de su nombre.
Esto es violatorio del artículo 99 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) que establece que “ninguna persona podrá concurrir armada al acto de votación aún cuando estuviese autorizada para portar armas, salvo los efectivos del Plan República en cumplimiento del deber de velar por la seguridad de las electoras o electores y de la Mesa Electoral y por el orden del acto de votación en general”.
El ELN también hace proselitismo político a través de emisoras colombianas que se escuchan en Táchira, situación denunciada frecuentemente por Fundaredes. “Las emisoras que funcionaban libremente fueron cerradas, aproximadamente nueve emisoras en el municipio. No hay ventanas para que el dirigente político motive al electorado a participar, pero las pocas que hay son controladas por el gobierno”, agregó el dirigente de la PUD.
Al ser consultado el 28 de julio sobre los panfletos y las pintas en diversos municipios del Táchira, el gobernador Freddy Bernal rechazó todo tipo de violencia, aunque aseguró desconocer quién estaría detrás de estos hechos.
Relación híbrida
El defensor de derechos humanos y diputado jubilado de la Asamblea Nacional, Walter Márquez, aseguró que previo, durante y después de las elecciones del 28 de julio, Nicolás Maduro ha usado a los grupos paraestatales, entendiéndose como tal, las agrupaciones paralelas al Estado, entre ellos los milicianos y los colectivos, así como guerrilleros, para favorecerse, muchas veces con la protección de efectivos de la Fuerza Armada Nacional.
“El gobierno usó a los paramilitares en la frontera para infundir temor. En el caso concreto del Táchira, el mismo gobernador Freddy Bernal, públicamente activó los colectivos y estos colectivos actuaron en varias partes del Táchira, intimidando, persiguiendo, a través de lo que han llamado la operación tun tun”, destacó.
Para Márquez, los elenos (como se les dice a los integrantes del ELN) han actuado más como fuerzas de intimidación con el uso de panfletos y pintas en las viviendas de dirigentes políticos de la frontera y zona norte del Táchira, mientras que los colectivos lo han hecho disparando en contra de la población.
Recordó que el lunes 29 de julio en la población de Ureña, un grupo de manifestantes rezaba en el sector Cruz de la Misión, cuando llegaron colectivos en moto disparando. Acotó que la semana después de los comicios, en la localidad de Rubio, de forma combinada, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y grupos paraestatales también salían en las noches haciendo rondas de vigilancia y disparando al aire para intimidar a la población.
Esta acción conjunta que ha sido denunciada en diversas oportunidades por organizaciones como Insight Crime y Fundaredes, se registra también en el municipio Bolívar.
Javier* relató que en la población de Las Dantas, municipio Bolívar, no se puede ingresar a hacer campaña electoral. El sector está totalmente controlado por la guerrilla y denunció que estos tendrían apoyo de guardias nacionales que desde una alcabala limitan el paso de los ciudadanos según el motivo por el que asistan.
En las elecciones de noviembre de 2021, Javier fue “secuestrado” junto a los testigos y miembros de mesa de la escuela de su centro electoral hasta horas de la madrugada por parte de los funcionarios del Plan República, quienes no los dejaban salir a pesar de que ya se había hecho el conteo de votos.
Para el defensor de derechos humanos Walter Márquez estas estructuras paraestatales, organizadas y financiadas por el Estado son fuerzas de choque para intimidar e incluso detener a adversarios políticos, lo que constituye un crimen de lesa humanidad de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma, por ser un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que defiende la democracia y la libertad.
- Este reportaje es resultado de la beca de producción periodística para promover el conocimiento sobre el derecho a la participación en Venezuela, otorgada por Espacio Público y Crónica.Uno.
*Los nombres fueron cambiados a petición de la fuente
