Durante la sesión extraordinaria del Grupo de Lima, celebrada este lunes 25 de febrero, 11 de sus estados miembros coincidieron en que, a pesar de la violación sistemática de derechos humanos apreciada el sábado 23 de febrero, durante los intentos por ingresar ayuda humanitaria al país, un cambio de Gobierno debe producirse de forma pacífica, sin el uso de la fuerza.
“La democracia debe ser restituida por los propios venezolanos, pacíficamente, en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyado por medios políticos y diplomáticos sin uso de la fuerza”, reza el comunicado publicado al concluir la sesión, firmado por representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
A pesar de instar al principio de no intervención, el grupo hizo énfasis en incrementar las medidas que se toman actualmente para buscar una salida a la situación que atraviesa el pueblo venezolano, a través de instituciones internacionales e instancias jurídicas.
Entre las propuestas que surgieron, solicitaron a la Corte Penal Internacional su consideración sobre la “grave situación de Venezuela, la violencia del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil, la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad”. De esta forma, pretenden acelerar el curso de los procedimientos que adelanta una solicitud presentada el 27 de septiembre de 2018.
Por otra parte, buscan impulsar la designación de un delegado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ya sea un experto independiente o una comisión, para investigar la situación del país.
De igual forma, reiteran su llamado a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con fin de que responda a la brevedad los llamamientos realizados previamente para que presente una postura sobre los acontecimientos “debido a las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria”.
El Grupo de Lima mantendrá su contacto con las autoridades legítimas de Venezuela – la Asamblea Nacional, el presidente interino, Juan Guaidó, y sus delegados – para buscar soluciones a la crisis.
Mientras tanto, llevarán la situación ante la Organización de Estados Americanos y gestionarán directamente con su Secretario General, Luis Almagro, la activación del Sistema de Naciones Unidas.
También manifiestan su apoyo al denominado Plan País, elaborado por la Asamblea Nacional, que establece parámetros para recuperar la democracia del país e implementar los primeros pasos para mejorar la economía y estabilidad de las instituciones. En este sentido, llaman al Banco Interamericano de Desarrollo, con la finalidad de que lideren el acompañamiento de este proceso para implementar reformas institucionales y económicas.
Finalmente, reiteran su llamado a las instituciones venezolanas, como la Fuerza Armada Nacional (FAN) y el Poder Judicial, para que reconozcan a Guaidó como presidente constitucional y se sumen a la tarea de producir una transición democrática.