El comunicado fue suscrito por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela
El Grupo de Lima ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que aborde y analice el informe realizado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú consideran que el informe en cuestión «no deja margen para que algunos países sigan apoyando al régimen ilegítimo de Maduro», según han señalado en un comunicado tras el encuentro.
El bloque, reunido en Buenos Aires, decidió remitir el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación del país, a la fiscal de la Corte Penal Internacional.
En el comunicado final emitido, aspiran que el documento de Bachelet pueda usarse en el procedimiento adelantado por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en septiembre de 2018, posteriormente refrendado por Costa Rica y Francia, y bienvenido por Alemania, en mayo de 2019.
Asimismo, el grupo pide debatir acerca del informe de la alta comisionada, en el Consejo de Seguridad de la ONU, para que los organismos internacionales se percaten de que «no deja margen para que algunos países sigan apoyando al régimen ilegítimo de Maduro».
Del comunicado suscrito por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, se puede resaltar el respaldo al Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y destacan su indoblegable liderazgo en la lucha por recuperar la democracia.
Deciden continuar en sesión permanente y aceptan realizar la próxima reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima en Brasil, en fecha a definir.
Respaldo a Guaidó
Respaldan la decisión de Juan Guaidó, de buscar una solución venezolana a la crisis de su país a través de los esfuerzos en curso e instan a la dictadura de Nicolás Maduro a no utilizar dichos procesos para dilatar la convocatoria de elecciones presidenciales con todas las garantías, a la mayor brevedad posible. En caso de no alcanzarse ese objetivo, se impondrán medidas de presión y sanciones adicionales.