Representantes de las organizaciones sindicales signatarias de la Segunda Convención Colectiva Única y Unitaria del Magisterio y de la Intergremial y Sindical del estado Trujillo consignaron un documento formal dirigido a la presidencia de la Comisión de Diálogo Nacional, en el que presentaron siete requerimientos en materia salarial, contractual y administrativa para el sector público.
El pronunciamiento solicita la fijación de un ajuste salarial amparado en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la anulación del Memorándum 2792 de octubre de 2018 y las directrices del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE). De acuerdo con el texto suscrito por los dirigentes gremiales, la aplicación de estos instrumentos incidió en la reducción porcentual de primas contractuales como antigüedad, especialidad, maestría y doctorado.
Asimismo, las organizaciones demandaron la reactivación de las discusiones de la Tercera Convención Colectiva Única y Unitaria —postergada desde febrero de 2022—, señalando que restan por acordar 19 cláusulas de índole económica tras la previa aprobación de 17 disposiciones de carácter socio-laboral.
Para el sector de jubilados y pensionados, el documento solicita la equiparación de asignaciones frente al personal activo, incluyendo el beneficio de alimentación (cesta ticket), el ajuste salarial y el bono de profesionalización, además de la unificación de montos y cronogramas de desembolso del ingreso mínimo integral.
Entre otros puntos, el documento plantea:
- La supresión del uso de la plataforma Sistema Patria para el pago de compromisos laborales y el restablecimiento del depósito exclusivo mediante cuentas bancarias nominales, conforme al artículo 123 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).
- La incorporación del Bono de Guerra Económica dentro de la base de cálculo de prestaciones sociales, utilidades y vacaciones, en concordancia con el artículo 104 de la LOTTT.
- La recalculación del pasivo por concepto de prestaciones sociales acumuladas.
- La aplicación de una medida de amnistía administrativo-laboral para reincorporar al personal sujeto a medidas de suspensión o cambios en la modalidad de cobro aplicadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación.
- El cese de medidas de investigación, sanciones y procesos administrativos vinculados a la actividad sindical o de reclamo laboral en los centros de enseñanza.
El petitorio incluye un anexo comparativo del tabulador docente. Según las cifras consignadas por las organizaciones, el sueldo base mensual de un docente categoría I para 40 horas semanales pasó de equivaler 74,16 dólares en marzo de 2022 a 0,44 dólares al cierre de julio, mientras que el valor de la canasta básica reportado por el Centro de Documentación y Análisis Social (CENDA) se ubicó en 727,89 dólares en ese mismo periodo.
El documento fue suscrito por representantes de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), el Sindicato Unitario del Magisterio (SUMA-Trujillo), el Colegio de Licenciados en Educación, sindicatos de trabajadores universitarios e institutos tecnológicos, y voceros de la asociación regional de jubilados y pensionados.
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