Después de que Colombia no cumpliera con lo anunciado por el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, de abrir el paso por los puentes internacionales que comunican con Venezuela hasta la medianoche, el defensor de derechos humanos y diputado jubilado de la Asamblea Nacional, Walter Márquez, manifestó este jueves 11 de abril que no existe ningún argumento jurídico, político o social, para mantener cerrada parcialmente la frontera y no permitir el paso las 24 horas del día, al tiempo que con ello se están cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Márquez indicó que el cierre de frontera decretado por el gobierno venezolano a partir del año 2015 y que se volvió a repetir en el 2019, debe cesar de manera inmediata, pues no hay Estado de excepción para restringir la garantía al libre tránsito establecida en el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
«Desde el año 2015 hasta la fecha lo que se ha impuesto es el abuso de poder, el uso de la fuerza. En estos momentos hay afinidad política entre Petro y Maduro, por lo tanto no pueden argumentar lo que ocurrió en febrero de 2019 cuando se intentó ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela, que se convirtió en una batalla política y en un problema policial y militar, y de orden público con la intervención de grupos colectivos en la frontera», expresó Márquez.
Explicó el defensor de derechos humanos que la Convención Americana de Derechos Humanos interpretada mediante sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) , establece que tiene que haber argumentos y razones de peso para poder restringir al libre tránsito, mientras que la Constitución de la República de Venezuela y la Ley Orgánica de Estados de Excepción exigen requisitos muy rigurosos que no se están cumpliendo, por lo que hizo un llamado al gobernador del Norte de Santander, William Villamizar, y al gobernador del Táchira, Freddy Bernal, para que como agentes del poder nacional cumplan y hagan cumplir el mandato de los tratados internacionales y la Constitución de ambos países, para que se garantice el libre tránsito por los puentes internacionales.
«El gobierno está cometiendo una grave violación de derechos humanos e incluso un crimen de lesa humanidad con el cierre de frontera en la noche, creándole graves consecuencias humanas, económicas y sociales a los habitantes de la frontera del Táchira y del Norte de Santander. Por eso como conocedor de esta materia, como estudioso de esta materia, como diputado Jubilado de la Asamblea Nacional, como ciudadano de la frontera, le exijo a ambos gobernadores y a ambos Presidentes de la República a cumplir con los tratados internacionales y no seguir vulnerando los derechos y las garantías que están consagradas en tratados nacionales e internacionales», finalizó diciendo Márquez.
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