El gobierno de Nicolás Maduro prorrogó por dos años, hasta el 31 de diciembre de 2022, el decreto de inamovilidad laboral, que impide a patronos de los sectores público y privado llevar a cabo despidos, desmejoras de beneficios y condiciones y trasladados «sin justa causa calificada previamente por el Inspector o la Inspectora del Trabajo de la jurisdicción».
Se trata de una medida, puesta en marcha por primera vez en abril de 2002 por Hugo Chávez, que ha sido rechazada por el sector empresarial debido a que, aseguran dirigentes, fomenta el parasitismo laboral.
El Decreto Nº 4.414, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.611 Extraordinario de fecha 31 de diciembre de 2020, señala que la medida fue tomada «a fin de proteger el derecho al trabajo como proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad, el bienestar del pueblo y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz».