Las organizaciones no gubernamentales Foro Penal Venezolano, Fundepro, Justicia y Proceso Venezuela, Justicia Encuentro y Perdón, Justicia Venezuela, Activismo Ciudadano, Ley y Orden y Defensa ciudadana exigieron un gesto de buena voluntad al gobierno: que libere a los presos políticos en Navidad.
Denunciaron que se continúa violando el derecho a la salud de 37 detenidos enfermos, de los cuales 2 padecen de un avanzado cuadro de cáncer y se les niegan medidas humanitarias. “Esto es muy grave. Hay gente que tiene metástasis, como el general Oswaldo Hernández y el ingeniero Juan Miguel de Sousa”, dijo Jackeline Sandoval, directora ejecutiva Fundepro.
Señaló que hay otras personas privadas de libertad que tampoco han recibido atención médica y se desconoce cuál es su verdadero cuadro clínico.
Las ONG anunciaron la unificación de la cifra de privados de libertad y que en la actualidad son aproximadamente 382 las personas presas solo por disentir del gobierno. Sandoval destacó que la cifra no es exacta debido a que diariamente se producen liberaciones y encarcelamientos.
De estas personas 227 pertenecen a la sociedad civil; 24 son dirigentes políticos; 86 militares; 24 policías, 21 mujeres, 78 tienen arresto domiciliario, y 16 boletas de excarcelación sin ejecutar”.
Resaltaron que las acusaciones más utilizadas por el sistema de justicia son terrorismo, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo y homicidio. “En 2017 vimos que se usó el cargo de ‘ataque al centinela’ para acusar a los detenidos y que muchos casos fueron procesados por la jurisdicción militar. También es muy común el agavillamiento, instigación pública, la tenencia de artefactos explosivos, obstrucción de la vía pública”, agregó Sandoval.
En relación con la polémica suscitada por la exigencia de la oposición en la mesa de negociación con el gobierno de liberar a 114 presos políticos, Sandoval aclaró que se trata de “prioridades”. Entre los casos mencionó a los policías metropolitanos que están presos desde 2002, alos hermanos Guevara detenidos el año siguiente y a las personas que tienen medidas sustitutivas de condena, boletas de excarcelación y decaimiento de medidas.
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Teresly Malavé, activista de los derechos humanos, dijo que lo más idóneo para estos casos sería la aplicación de una ley de amnistía. Sin embargo, lamentó que al gobierno no le interese el tema.
Alonso Medina Roa, directivo del Foro Penal, quien también participa como asesor de la oposición en el proceso de negociación, informó que se le planteó a los cancilleres y diputados que se incluya en la agenda la exigencia del cese del uso la justicia para atacar a la disidencia y evitar nuevos encarcelamientos por razones políticas.
