Tareck El Aissami afirmó que los costos no van a ser impuestos sino debatidos
El gobierno venezolano convocó a los productores del país a un «gran acuerdo» para «sincerar las estructuras de costos» de al menos 50 bienes esenciales y fijar «precios acordados de estos», informó hoy el ministro de Industrias y Producción Nacional, Tareck El Aissami.
«Hemos decidido convocar a sendas jornadas de trabajo para (fijar) los precios acordados de los principales productos del plan 50, incluyendo los productos asociados al aseo del hogar (e) higiene personal», dijo El Aissami durante su discurso por la clausura de una feria industrial en el estado de Cojedes (oeste).
Las reuniones entre el Estado venezolano y los industriales y comerciantes se realizarán el miércoles y jueves de la semana próxima.
No se informaron cuáles serán los 50 productos que sufrirán ajustes de precios, pero el también vicepresidente económico del país explicó que no se van «a imponer precios a nadie», sino que serán debatidos y luego se hará público un listado.
El Aissami pidió hoy a los empresarios venezolanos jugar «limpio», puesto que, consideró, «nadie puede justificar que en 24 horas se cambien hasta 3 o 4 veces los precios de los productos que están en los anaqueles».
El funcionario también dijo que el gobierno ofrecerá a los empresarios «todo el apoyo» y les exigirá «que se desvinculen de las agendas de desestabilización de guerra económica», una tesis del chavismo gobernante que achaca el pobre desempeño de la economía venezolana a presuntos planes de sabotaje.
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«Pero eso sí, el que luego rompa el acuerdo de los precios que van a ser publicados (…) tenga la plena seguridad (que) seremos inclementes, porque entenderemos que ese comercio o ese productor está comprometido con una agenda golpista», añadió.
El gobierno venezolano ocupó el pasado miércoles ocho de los principales mercados populares del país e inició el «abordaje» de otros 21, ante «indicios» de especulación, acaparamiento de productos y remarcaje de precios.
Una segunda fase de este plan prevé la intervención de otros 68 establecimientos, en lo que se informó entonces es un intento por atacar a «las mafias que controlan alimentos» en la nación con las reservas probadas de crudo más grandes del planeta.
