Santiago de Chile, 23 nov (EFE).- La ministra de Interior chilena, Carolina Tohá, confirmó este jueves que un avión con 60 migrantes venezolanos expulsados de Chile no pudo despegar porque Venezuela «no autorizó» la salida del vuelo y el aterrizaje en su territorio.
“El Gobierno de Chile ha hecho amplios y diversos esfuerzos para permitir que los procesos de expulsión se lleven adelante (…) Vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema”, señaló Tohá.
Según explicó antes el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, las personas estaban identificadas, la Policía de Investigaciones (PDI) las había detenido y se había contratado el avión para retornarlas. A partir de ahora, según la ley, solo pueden ser retenidos durante cinco días, por lo que de no ser expulsadas en ese plazo, deberán ser liberadas.
Monsalve anunció el fin de semana nuevas medidas para facilitar las expulsiones de migrantes indocumentados que delinquen en Chile. Entre ellas, autorizar a la PDI el ingreso al domicilio para detener a quien ya tiene una orden de expulsión decretada, y que el plazo de la apelación de quien será expulsado se reduzca de 10 a 5 días.
Además, la autoridad explicó que alista un viaje a Venezuela que espera poder concretar –dijo– antes del 15 de diciembre para llegar a acuerdos con el Gobierno de Nicolás Maduro en esta materia.
«Se están haciendo todos los esfuerzos para reponer diálogos diplomáticos, tener conversaciones de seguridad, proponer acuerdos y reunirnos presencialmente con ellos «, precisó hoy el subsecretario sobre el estado de las gestiones.
El Gobierno del progresista Gabriel Boric destinó un aumento de 1.400 millones de pesos (1,6 millones de dólares) para contratar dos vuelos comerciales y disponer adicionalmente de un vuelo de la Fuerza Aérea para concretar la expulsión de las personas extranjeras. Según precisó el miércoles la propia Tohá, los vuelos saldrían con destino a Venezuela y Colombia, o República Dominicana.
El Ejecutivo proyecta la deportación 2.600 migrantes en 14 meses, en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país y que se ha tomado la agenda política y mediática.
De acuerdo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022 los homicidios crecieron 33,4 % con respecto al año anterior, la segunda mayor variación en América Latina detrás de Ecuador, donde aumentaron más de 80 %.
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En las últimas semanas se han producido varios secuestros extorsivos de alta connotación pública y el ataque con una granada contra una policía, con personas extranjeras implicadas en todos los casos, según las autoridades.
Desde la oposición han advertido que si el Ejecutivo no expulsa antes de fin de año a 12.000 migrantes que ya tienen orden de expulsión, presentarán una acusación constitucional contra la titular de Interior.
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