Una serie de denuncias hacen los directivos del Suma Trujillo, filial de Fetramagisterio, por medio de sus líderes, José Miguel Briceño y Jesús Caldera, quienes aseguran que el gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, suspendió los salarios a más de 11.637 trabajadores que dependen del MPPE, entre obreros, maestros y personal administrativo, violentando la vigencia constitucional de la inamovilidad laboral, decretada por el propio presidente Nicolás Maduro, además de contravenir la constitucionalidad vigente del debido proceso, derecho a la defensa “De hecho en estas quincenas, no cobraron, tampoco tienen posibilidad alguna de percibir el bono vacacional y los 28 días de ajuste salarial.”
Mencionaron como recordatorio al gobernador que la inamovilidad es un derecho que se encuentra en vigor cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio a través del Artículo N° 2 de la Gaceta oficial extraordinaria N° 6.611 del 31-12-2020, clara y precisa “Los trabajadores y trabajadoras amparados por este decreto presidencial, no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa justificada por la inspectoría del trabajo de la jurisdicción… ”, lo que demuestra pública, comunicacional y legalmente, el uso y abuso del poder político, la arbitrariedad y la ilegalidad del estado patrón del gobernador.
Hogares afectados
Argumentaron los directivos del Suma, que esta arbitrariedad afecta a 46.548 familias educativas a quienes les niegan vía coacción el derecho humano a la alimentación de los hijos, nietos y abuelos en abierta conculcación a la constitucionalidad vigente y ordenamiento jurídico venezolano, menos podrán estas familias retirar dinero para la movilización, cancelar servicios básicos, ya que estos socialistas los despojaron de los ingresos mensuales.
Señaló el secretario general del Suma, que estas prácticas aberrantes son recurrentes en el socialismo bolivariano ya que durante la gestación del ex gobernador Gilmer Viloria, camarada y compatriota de gendarme Gerardo Márquez, también dejó en la calle aproximadamente a 4.500 trabajadores que dependían de esta misma gobernación.
Otro abuso patronal
Al referirse a las supervisiones en las entidades educativas por parte de personal sin ninguna cualidad jurídica o legal estas ,-señaló Briceño- han servido para que dichos funcionarios públicos, ejerzan el uso y abuso del poder político, al procesar actos administrativos a los docentes, bajo la excusa de órdenes superiores, menoscabando la estabilidad de todos los trabajadores, es menester señalar que dichas acciones tiene sus responsabilidades y consecuencias penales, administrativas y civiles contempladas constitucionalmente en las normas y leyes venezolanas.
Investigar nóminas
Dijo Briceño que en el magisterio “estamos claritos que debe realizarse una investigación exhaustiva, transparente, imparcial, objetiva de las diferentes nóminas de la administración pública regional y de los títulos que poseen los funcionarios que ejercen los cargos en esta administración como de la anterior, porque seguros sí estamos que en esas nóminas bolivarianas, hay una jungla de revolucionarios que tienen 2 o 3 cargos de confianza o de libre nombramiento y remoción más de uno con dos cargos de 40 horas o 53,33 horas en cualquier Ministerio y en otros ocupan cargos por hegemonía familiar, y en muchos casos títulos, de dudosa procedencia, de allí que debe de aparecer la mano de hierro, celeridad y la profundización clara y contundente de la investigación».
Exhortó Briceño al Consejo Legislativo a impulsar las respectivas investigaciones que se requieren, son los contralores sociales del patrimonio público de los trujillanos, tienen los mecanismos de ley para ejercerlo y los funcionarios públicos están en la obligación de suministrar la información, la documentación requerida y necesaria para lo que se investiga, deberían de enarbolar la bandera de la decencia, la ética y la moral que durante de estos 23 años ha sido muy cuestionada, tienen un gran momento histórico para realizarlo como ocurrió en años anteriores, que dignificaron al magisterio y al pueblo trujillano, investigaron y sancionaron políticamente, recurrieron a las instancias jurisdiccionales para las sanciones penales, administrativas y civiles correspondientes a los servidores públicos involucrados.
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