SAN CRISTÓBAL. Amparados en la aplicación del Decreto 511, funcionarios de seguridad de la entidad tachirense están cometiendo presuntas irregularidades y abusos de poder, según lo denunció la gobernadora Laidy Gómez, luego de conceder audiencia al gremio de motorizados del estado, quienes acudieron a la Residencia Oficial de Gobernadores este lunes en la mañana.
“Ellos se apersonaron aquí y les concedimos audiencia. Nos plantearon una serie de inquietudes sobre presuntas irregularidades que están cometiendo funcionarios policiales y militares tras la aplicación del Decreto 511, siendo lo más relevante las acusaciones de corrupción infringida por los efectivos al momento de imponer multas, sumadas al abuso de poder”, indicó la mandataria.
Precisó la Gobernadora que todas estas acusaciones serán evaluadas y procesadas de manera formal a partir del día de hoy (lunes), en la sede de 171, donde será instalado un centro de recepción de denuncias en esta materia, para hacer una revisión del Decreto y de la tergiversación de sus fundamentos, generados a propósito de su aplicación.
Manifestó la mandataria que posterior a este encuentro, se comprometió con el gremio de motorizados a evaluar además el marco legal del Decreto, para realizar posibles modificaciones, puesto que en algunos casos su aplicación no está acorde a la realidad social que vive el sector.
Gómez se mostró preocupada por la discriminación y abusos a los que son sometidos los motorizados en las estaciones de servicio de la entidad para surtir gasolina –ellos manifiestan que el cupo es cobrado en pesos y que los funcionarios apostados en las bombas les discriminan como quieren- denunció.
Recalcó la Gobernadora que como primera autoridad regional, una vez recibidas una buena cantidad de denuncias, realizará a través del Procurador del estado, una serie de mesas de trabajo que permitan al gremio plantear inquietudes y posibles soluciones.
Regulación a los motorizados
La Gobernadora del Táchira señaló que si bien el Decreto 511 aparentemente ha dejado de cumplir su función para servir de objeto sancionatorio, la regulación es necesaria, porque el mismo supone brindar seguridad no solo al motorizado sino a la ciudadanía.
“Quiero dejar claro que la regulación para la movilidad de las motos es necesaria; solo que sin caer en sanciones ilegales, abusos o aplicaciones fuera del marco legal”, acotó.
Gómez: Pediré cuentas
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De la misma manera, la Gobernadora aseguró que solicitará a las autoridades competentes cuentas de los hechos, así como de los recursos que son recaudados producto de las multas.
Se preguntó -¿dónde irán a parar los recursos financieros producto de los depósitos de las multas?, puesto que de los mismos el Gobierno regional no tiene información, ni reporte de ingreso a las arcas del estado y queremos saber su destino-, reiteró.
Prensa Dirci/
