La legisladora regional propuso una “agresiva política impositiva” contra la riqueza súbita, “quienes comercialicen su mercancía en moneda norteamericana deben pagar impuestos, servicios y sueldos con la misma divisa”
Yoerli Viloria
A través de una nota de prensa Gioconda Quevedo, legisladora del Consejo Legislativo del estado Trujillo, manifestó que quien comercialice en dólares debe responder ante la justicia, en consideración de que muchos productos se están cobrando ilegalmente en divisa norteamericana, muy por encima de su costo real, lo que genera una especulación en dólares y un serio daño a la economía nacional.
A juicio de la legisladora regional el poco poder adquisitivo de los trabajadores, producto del alto costo de la vida, impide el desarrollo de la política de ahorro en Petros y Oro, propuesta por el Presidente de la República, por lo que estimó implementar una política impositiva contra la riqueza súbita, producto de la especulación, especialmente la que deriva de la venta en dólares.
“En virtud de lo anteriormente narrado, apoyamos la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de crear una ley que obligue a estos comerciantes que ofrecen sus productos en moneda extranjera, a pagar los impuestos, los salarios e inclusive los servicios como, agua, electricidad y aseo, también en divisas”, resaltó.
La también directora regional de movilización y eventos del Psuv señaló que el sector empresarial venezolano, junto a un grupo de comerciantes inescrupulosos, ha incumplido los precios acordados relativos al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica impulsado por Nicolás Maduro, “ese incumplimiento ha impactado negativamente las líneas 1, 2, 4 y 10 lanzadas por el Presidente”.
Recordó que el acuerdo tenía suscrito el compromiso por parte de tres sectores: el Gobierno Nacional, quien se comprometió a pagar todos los salarios tanto del sector público como privado; la clase trabajadora, la cual manifestó su compromiso de producir y a esperar tres meses el cumplimiento de sus derechos contractuales; y por último el fragmento empresarial que aseguró respetaría los precios acordados.
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