A propósito de la crisis actual con la recolección de desechos sólidos, donde calles y avenidas de la capital tachirense presentan gran acumulación de basura; este martes el concejal Gerardo Rincón, rechazó la incompetencia que resalta en el tema, al tiempo que refutó el cobró cobrar unilateralmente sumas millonarias para permitir la disposición final de los desechos en el vertedero de San Josecito, por parte del alcalde del municipio Torbes, Alberto Maldonado, situación que a su su juicio podría acarrear sanciones legales por su impacto a la salubridad pública.
Indicó Rincón que tras la publicación en los medios regionales, en la cual Maldonado establecía que desde a partir del 1º de agosto, iniciaría el cobro de la disposición final de desechos sólidos, a razón de 10 bolívares por kilo de basura, basado en una tasa de “0.33.3 bolívares de la Unidad Tributaria, de acuerdo con una ordenanza que regula las tasas e impuestos que cobran los municipios”, por lo que el municipio San Cristóbal, que genera entre 6 y 7 mil toneladas de basura al mes, le correspondería pagar más de “60 millones de bolívares mensuales” para llevar sus desechos al vertedero El Palmar de San Josecito.
Rincón recordó que de acuerdo a la Ley de Gestión Integral de la Basura (vigente desde diciembre de 2010) es el Consejo Nacional de Gestión Integral de los Residuos y Desechos, presidido por el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas –como el despacho con competencia en materia ambiental-, quien debe proponer cualquier ajuste de las tarifas y tasas por los servicios de manejo de residuos y desechos sólidos, y que solo este despacho es quien debe pronunciarse sobre la pertinencia y factibilidad técnica, ambiental, sanitaria, socio-cultural y económica de las solicitudes de recursos para tratamiento de residuos así como transferencia y disposición final de desechos sólidos por parte de los entes municipales y mancomunidades.
En este sentido, el también presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Concesiones, Contratos y Medio Ambiente del Concejo Municipal de San Cristóbal rechazó que el alcalde de Torbes apruebe este cobro unilateralmente, amparado en unas supuestas competencias que el gobernador Vielma Mora, le habría transferido a Maldonado en el mes de febrero como presidente de Mancomunidad Metropolitana del estado Táchira (Mandesta), figura jurídica que ahora Alberto Maldonado no puede eliminar.
“Si se hace un cobro de manera ilegal, de un tributo que pasa a ser tasa por tratarse de un servicio, eso debe ser revisado y si no está ajustado a la ley y no ha ido al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas para autorizar ese cobro, no se puede hacer unilateralmente y pudiese traer acciones legales”, subrayó.
Rincón agregó que incluso a nadie le consta por escrito que el gobernador Vielma Mora recibiera la autorización respectiva del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas para cederle las competencias de cobro a Maldonado, como presidente de Mandesta, lo cual también habría que revisarlo, porque “presumo que no lo hizo”.
No obstante, recordó que en el municipio San Cristóbal ya fue establecido (en la Ordenanza sobre Gestión Integral de Desechos y Residuos Sólidos del Municipio San Cristóbal, en vigencia desde el 2016) el pago de una tasa anual por concepto de disposición final de los desechos sólidos, la cual se calcula “en base al 1% aplicado sobre el monto generado en cada factura del servicio de recolección, residencial y comercial”.
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“Indudablemente hay una situación, porque el Ejecutivo de San Cristóbal tiene las herramientas para cobrarla y no lo hace”, lamentó el edil, agregando que la basura no se puede dejar de recoger incluso en estas situaciones en las que haya un bloqueo por parte del alcalde de Torbes, por lo que el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas debería aprobar “un sitio de transferencia, para que cuando hayan casos o hechos fortuitos como el que se está presentando, no se quede la basura en las calles”.
Asimismo, dijo que el alcalde de Torbes no puede justificar el cobro de una tasa tan elevada, asegurando que con ello va a “mejorar la calidad de vida” en ese municipio y reinvertirlo en “educación, salud, seguridad, cultura, deporte y recreación, y jubilación para los trabajadores del mismo”, porque lo recaudado por este tributo debería destinarlo a clausurar el vertedero a cielo abierto de San Josecito, prohibido desde el 2004 con la Ley sobre Residuos y Desechos Sólidos, y ajustarlo a un cronograma de adecuación de su operación y conversión a relleno sanitario como lo establece la Ley de Gestión Integral de la Basura.
