Caracas, 28 mar (EFE).- La ONG Fundaredes pidió este domingo la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el estado venezolano de Apure, que hace frontera con Colombia, y en el que desde la semana pasada las Fuerzas Armadas del país caribeño libran combates con grupos armados irregulares.
«Persisten los enfrentamientos en Apure (…), nos preocupa la vida de civiles desplazados en medio del conflicto armado (…), pedimos (la) presencia del CICR», dijo en Twitter el director de Fundaredes, Javier Tarazona.
Según el activista, los militares venezolanos combaten a disidentes de las FARC en las localidades apureñas de El Ripial y Santa Rosa de los Arenales, sin que hasta el momento se haya informado de bajas civiles.
Ayer, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, anunció que el operativo militar continuaría en la región fronteriza hasta que fuera expulsado cualquier grupo extranjero «al margen de la ley».
Padrino también dijo que después de los primeros combates al menos 6 terroristas fueron «neutralizados» y otros 27 sospechosos fueron capturados y puestos a las órdenes de un tribunal militar, sin precisar las identidades o nacionalidades de estos.
Los enfrentamientos, en los que han muerto dos militares venezolanos, han dejado casi cuatro mil desplazados, que se trasladaron hasta Colombia huyendo de la violencia.
El ministro de Defensa venezolano dijo ayer a periodistas que la mayoría de estos desplazados han comenzado a retornar a su país porque en la zona en la que se efectuaron los primeros combates «todo está asegurado».
Lea también
Pero la oposición de Venezuela que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó -a quien varios países reconocen como presidente interino- ha pedido investigar los supuestos excesos de los militares contra la población civil, todo después de la muerte de cinco personas que, aseguran activistas de derechos humanos, eran campesinos y fueron presentados como guerrilleros.
En ese sentido, la exdiputada opositora Delsa Solórzano dijo el sábado que remitió un informe a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, donde recoge testimonios de presuntas violaciones a los derechos fundamentales durante una operación militar en El Ripial, donde aparecieron los cuerpos sin vida de estas cinco personas.
