Escuelas de las diferentes zonas rurales de la frontera colombo- venezolana son utilizadas por grupos armados irregulares como centros de operaciones para fortalecer sus acciones dentro del territorio nacional, vulnerando no solo la soberanía, sino el derecho a la educación.
De acuerdo al boletín Nº 14 publicado por FundaRedes bajo el título “Grupos Irregulares Armados Utilizan Instituciones Educativas De La Frontera Venezolana Para sus operaciones”, en el primer trimestre de 2019 varias unidades educativas ubicadas en las poblaciones de Ureña, Delicias y San Antonio del Táchira (lado venezolano) fueron ocupadas por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El trabajo de documentación indica que en la Escuela de Tienditas, en el municipio Pedro María Ureña, ubicada a pocos metros de un puesto de control de la Guardia Nacional Bolivariana, los irregulares se asentaron y ordenaron desalojar a los efectivos militares de la zona, lo más perverso de este caso es que “el centro educativo continúa realizando sus actividades educativas como de costumbre, compartiendo espacio ocasionalmente con los irregulares armados”.
De igual manera señala que el pasado mes de febrero la escuela República de Cuba, ubicada en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar, fue tomada por parte del Colectivo de Seguridad Fronteriza (grupo integrado por miembros del ELN y disidencias de las FARC) durante los sucesos vinculados al ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, hecho denunciados por la misma directora del plantel a través de la divulgación de un audio, donde también afirmó que en la escuela estaban pernoctando estos grupos con anuencia de las autoridades de la Zona Educativa Táchira.
La investigación de FundaRedes revela también que en febrero de 2019 la Escuela Vuelvan Caras en San Fernando de Apure fue utilizada como campo de prácticas militares por 17 hombres y mujeres miembros de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) de la guerrilla de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) —una agrupación perteneciente al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)—, adiestrada por el ELN, quienes se retrataron portando armas tipo FAL dentro de las instalaciones durante una actividad que denominaron “ejercicio castrense”. .
Asimismo en la Escuela Bolivariana María Teresa del Toro, ubicada en el sector La Gabarra del municipio Páez (Guasdualito) del estado Apure, se desarrollaron ejercicios de adiestramiento y encuentros del FBL en conjunto con el ELN y las disidencias de las FARC, que de acuerdo con docentes y lugareños, que además han elevado estas denuncias a los activistas de FundaRedes, desde hace décadas Guasdualito es controlado por irregulares armados que usan la zona para el contrabando, narcotráfico, extorsión y control de pasos.
Toda esta situación – asegura la organización pro defensa de los DDHH- pone en riesgo la seguridad, tranquilidad y la vida de los habitantes de las poblaciones fronterizas, incluso dos activistas de FundaRedes fueron víctimas de esta presencia armada mixta en enero y febrero de 2019; además de haber documentado 14 homicidios a manos de estos grupos y 4 enfrentamientos armados en otros municipios del estado Apure en lo que va de 2019.
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En el informe FundaRedes afirma que “todas las denuncias están respaldadas con evidencias recabadas por nuestros activistas desde el año 2013 y resguardadas para protección de las víctimas. En ellas se aprecia cómo los guerrilleros acceden a las áreas donde los alumnos desarrollan sus actividades deportivas de las escuelas Novilleros, La Línea, Las Dantas, Buena Vista, Alto Grande, en el estado Táchira; así como también en las escuelas Ciudad Sucre, Brisas del Cutufí, El 8, en el estado Apure; y en las unidades educativas Encontrados y Casigua El Cubo, del estado Zulia”.
Para la ONG, que desde hace años viene denunciando la violación de los DDHH en la franja fronteriza, la presencia de grupos irregulares armados en las instituciones educativas venezolanas, contraviene el espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos y vulnera los artículos 102 y 103 de la Constitución Bolivariana referentes al derecho a la educación y la obligación del Estado en brindar las condiciones necesarias para el disfrute de este derecho con calidad y sin limitaciones.
