Judith Valderrama
Lo que nace como una iniciativa de adolescentes del liceo Pedro María Morantes de San Cristóbal, en 1998, para ayudar por el terremoto de Cariaco, es hoy una respetable organización que defiende los Derechos Humanos y tiene más de mil 500 integrantes en el país. Siguen sus objetivos iniciales de formación y la cultura preventiva, pero adaptados a los difíciles tiempos de Venezuela, enfocan su trabajo, -sobre todo- en el tema frontera, donde investigan, contabilizan, denuncian y visibilizan en el mundo las actuaciones de grupos subversivos.
Fundaredes es presidida por el docente Javier Tarazona, quien ha llevado su organización a organismos internacionales como la OEA, la ONU, entre otros, mostrando la angustiante vida de niños y adultos que habitan las fronteras venezolanas y quienes deben tratar de sobrevivir bajo el sometimiento de organizaciones criminales.
Lea también
Generar capital social es parte de la obra clara de Fundaredes, su valor social, el valor político y humano están representados en cada acción, porque aún superando lo que significa acompañar, investigar y denunciar las acciones de grupos subversivos en la frontera, la organización vence el miedo para servir, superando emociones difíciles generadas por atentados y prisión sufrida por parte de sus integrantes.
“Teníamos brigadas en los liceos cuando comenzamos y teníamos formación para la prevención y el enfoque de Derechos Humanos, así arrancamos. En el año 2000 al graduarnos de bachilleres cada uno tomó su rumbo y fuimos a algunas universidades, en mi caso la UPEL, a formarme como maestro”.
Presentes en 5 estados
Cuando alcanzan la mayoría de edad, 18 años como organización, Fundaredes adquiere personalidad jurídica, “sumamos la defensa de los Derechos Humanos, lo que nos llevó a constituir el primer Observatorio de Derechos Humanos en Frontera que está presente en Falcón, Zulia, Táchira, Apure y Amazonas”.
Tarazona recuerda que en el año 2011 comenzaron a constituir una red de activistas y defensores de los derechos humanos, “en ese momento asumimos el desafío de crear la red más allá del Táchira. Ya hacíamos desde el 2004 campamentos de formación de jóvenes, recorrimos Maturín, Maracay, Valencia, Mérida, Miranda y Táchira”, formaron en diversas áreas a profesionales de distintas disciplinas profesionales y universitarios y han atendido de manera directa a lo largo del país a más de 120 mil personas.
Contra la guerrilla de frente
“Nuestro mayor impacto ha sido en los últimos años que hemos tenido mayor proyección, mayor incidencia luego de que en el año 2002 identificamos la presencia de la guerrilla en la universidad tachirense. En el Pedagógico de Rubio comenzamos a ver como el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) se hacían presentes a través de movimientos estudiantiles pro Chávez, y comenzamos a observar la relación que tenían esos movimientos de izquierda ligados con acciones de secuestro y extorsión”.
Tarazona señala, que se comenzó a ver a estos grupos en actuaciones de la vida urbana, por eso ellos se vieron en la necesidad desde el 2003 al 2006, de comenzar a apoyar y acompañar al movimiento de víctimas de secuestrados por la FARC y el ELN y lograron impulsar la organización “Venezuela Libre de Secuestro”, hoy dirigida por Porfirio Dávila.
“Entendimos que estaba configurándose una cultura de la muerte. Durante el gobierno de Ronald Blanco Lacruz existieron grupos de exterminio en el Táchira, hasta 40 a 45 personas eran asesinadas durante un mes en el estado. Recuerdo grandes cuestionamientos que hicimos a personeros del gobierno, en el momento, responsables de organismos de seguridad, como por ejemplo Jaime Escalante, Gabriel Oviedo y el militar Maradey, a quienes le cuestionábamos su papel en los cuerpos de seguridad porque no estaban garantizando la soberanía. Ellos estaban muy ligados con la cultura de la muerte en esos años”.
Recuerda que denunciaban en ese época la presencia de dirigentes de la Farc y ELN que eran atendidos en clínicas, del fronterizo municipio Junín.
La rigurosidad de la denuncia que mantiene Fundaredes y la presencia en los medios de comunicación sobre temas álgidos de frontera, es parte del aprendizaje de esos años que llevó a la organización –dice Tarazona- a ser lo que es hoy.
“Es que el tema de la frontera era tabú, hablar de los grupos irregulares era sinónimo de miedo, de temor colectivo. Pero hoy tenemos un gran logro como organización con toda la labor que hemos realizado”.
La insistencia y permanencia de la denuncia sobre la presencia y actuaciones de los grupos subversivos en Táchira y los estados fronterizos de Venezuela, por parte de Fundaredes, -afirma Tarazona- ha llevado a que el tema sea agenda de los países de la región, del sistema interamericano, del sistema universal, de la Comisión de Seguridad de Naciones Unidas, “y dejó de ser un prontuario para convertirse en un tema álgido de la agenda internacional y sobre todo en los países de la región”.
Tal alcance lo estima Javier Tarazona como un logro importante de su organización al darle visibilidad al problema, “más allá del acto de complicidad y silencio que ejercen quienes gobiernan el territorio venezolano”.
Con orgullo sostiene el director de Fundaredes que en Norte América, en el sistema universal de justicia y la Corte Penal Internacional el tema de los grupos subversivos y la cultura de la muerte en las fronteras venezolanas son parte de su agenda.
La pandemia: tiempo de reporte diario
“En tiempo de pandemia hubo un proceso de desconfiguración de la cotidianidad de los ciudadanos y las organizaciones. Lo que llevó a que nuestra organización tuviera que adaptarse a los nuevos escenarios y desafíos producto de la cuarentena reglamentada y la propia pandemia, lo que ha generado que nosotros presentemos diariamente un reporte que recoge la situación del contexto fronterizo en materia de Derechos Humanos”.
Fundaredes presenta su informe diario a embajadas, cuerpos diplomáticos, oficinas de DDHH del mundo y de investigación, “organismos que entienden la frontera como una región dinámica dentro de un contexto opresivo debido a la migración forzada que vive Venezuela. Han comprendido que la frontera es el espacio más indicado para estudiar el comportamiento humano en relación a la movilidad que ocurre a lo largo de toda Latinoamérica y el mundo, como consecuencia del socialismo del Siglo XXI”.
Con la amenaza encima
Javier Tarazona y miembros de Fundaredes han vivido serias situaciones de amenazas y concreción de hechos violentos, al tocar y denunciar la presencia y actuación de la guerrilla y el paramilitarismo en Venezuela.
Su casa ha sido pintada con mensajes firmados por grupos subversivos en un claro intento de silenciarlos, pero no lo han logrado, aunque uno de los integrante de Fundaredes tiene más de un año preso, sin que se respete su derecho a la defensa y sin causa que justifique la cárcel, según lo basamentos jurídicos que ha estudiado y presentado la ONGs.
-¿El trabajo de Fundaredes surte algún efecto en cuanto a detener o minimizar la violencia en frontera?
– “La violencia es un proceso complejo, sistémico, multifactorial y creo que nuestro papel no solo con los reportes diarios, los boletines semanales, mensuales, con el informe de la curva de la violencia que permiten caracterizar y evidenciar la violencia y cultura de la muerte que se ha instalado en esta región, que permite mostrar la calamidad, sino que también dejan ver que hay soluciones posibles en el corto, mediano y largo plazo a través de la justicia transicional que se requiere. Porque más allá de que quienes hoy ostentan el poder puedan atender, o no, y resolver, la visibilidad que se está dando es un reconocimiento al contexto real, porque en Venezuela la forma autoritaria en que se ha ejercido el poder ha llevado a silenciar voces, a negar la libertad de expresión y nuestro esfuerzo lo que hace es, ratificar la realidad política”.
– ¿No tienen miedo, han recibido muchas amenazas y uno de los integrantes de Fundaredes está preso?
-“Sí, así es. Un amigo y activista tachirense que ejercía su actividad de Derechos Humanos en el estado Zulia, el licenciado Alexis Bustamante, profesor de química y biología con una maestría en enseñanza, doctorado con escolaridad finalizada y padre de dos niños, fue desaparecido en mayo de 2019 y luego fue trasladado a Caracas y hasta ahora se le ha negado su legítima defensa, se le ha violentado el derecho al debido proceso y se le niega el acceso a su familia, quienes no le pueden llevar sus medicamentos, ni alimentos y sufren las condiciones que se viven en Ramo Verde”.
