El director general de la Fundación REDES, Javier Tarazona, acudió a la Fiscalía General de Colombia en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, donde solicitó las actas forenses de las personas que han sido asesinadas en la frontera, a fin de verificar el uso de armas venezolanas en estos hechos.
”Presumimos que muchos de esos caídos por los grupos armados que operan en la frontera, son personas que han sido asesinadas con armas y municiones venezolanas”, señaló el director general de Redes.
Hemos venido denunciando desde la Fundación Redes con documentos y pruebas– afirmó Tarazona- que existen inconsistencias en el inventario de un millón de piezas de armamento perteneciente a las Fuerzas Militares de Venezuela, específicamente en 30 guarniciones del Ejército venezolano, ubicadas en estados fronterizos con Colombia y que éstas armas estarían en manos de brazos armados como el ELN y las FARC, en territorio colombiano.
“Ante esta situación es necesario realizar un esfuerzo conjunto con las autoridades colombianas e iniciar las investigaciones a que hubiere lugar, para trochas y en general, en la franja próxima al límite internacional, han caído víctimas del armamento y municiones faltantes en los cuarteles venezolanos”, aseguró el defensor de derechos humanos.
Necesitamos saber como organización de Derechos Humanos – dijo Tarazona- si las municiones que se han encontrado en los cuerpos de los ciudadanos fallecidos en los últimos meses en plena línea limítrofe fronteriza, coinciden con las extraviadas.
Del mismo modo agregó que de acuerdo a las investigaciones realizadas se ha llegado a la conclusión que los grupos irregulares colombianos se resguardan en territorio colombiano con la complicidad de las Fuerzas Armadas y el gobierno de Venezuela, “por lo cual no es difícil deducir que estas organizaciones estén haciendo uso de las armas y municiones que hoy faltan en los batallones de los estados fronterizos de Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar para mantener el control de los pasos ilegales y desarrollar sus actividades ilícitas a uno y otro lado de la frontera”.
Como representante de la Fundación Redes – continuó- pido al estado colombiano informar a la comunidad internacional el contenido de las investigaciones forenses vinculadas a estos casos, así como los casos del narcotráfico, la trata de personas y otros delitos vinculados a las actividades de estos grupos irregulares, “aspiramos que a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, donde no hay justicia, celeridad ni transparencia para abordar este tipo de investigaciones, el gobierno colombiano pase del discurso a la acción y vaya a fondo con estas investigaciones”.