El director de la Fundación Redes, Javier Tarazona, entregó un informe al Secretario General de la Organización de Estados Americanos -OEA-, Luis Almagro, puntualizando las situaciones más alarmantes que atraviesa Venezuela en cuanto a la violación de los derechos humanos en el entorno político y social.
“El documento señala lo relacionado a la inexistencia de justicia, estado de derecho e institucionalidad democrática desde el inicio de la revolución bolivariana, desde donde se ha venido desarrollando una política sistemática destinada a la concentración absoluta del Poder Público en el Ejecutivo nacional”, destacó Tarazona.
Aseguró que todo ello ha traído como consecuencia un profundo irrespeto a los derechos ciudadanos, una creciente impunidad y la deficiencia generalizada en los servicios públicos que ha generado la grave crisis política, económica y social que sufre el país.
El escrito incluye algunas consideraciones en cuanto a la crisis humanitaria en el Derecho a la salud “evidenciada en la escasez y el desabastecimiento prolongado de medicamentos que afecta a toda la población sin distingo de edad ni condición social, situación que no ha querido ser reconocida por el Estado ni atendida a través de medidas urgentes y adecuadas, optando por aplicar políticas de racionamiento y la reducción de cantidades, sin criterios médicos ni científicos, condenando a daños físicos y mentales irreparables e incluso a la muerte las personas excluidas”.
Otros puntos planteados a Almagro fueron la violación del derecho a la manifestación, los constantes ataques a la libertad de expresión y el derecho a la información, así como también la falta de una cultura de paz y diálogo ciudadano, ya que en la actualidad existe una profunda crisis que abarca lo político, económico, social, cultural y de manera especial los valores que permiten la convivencia armónica, con respeto de las diferencias.
Caso incursión de grupos irregulares en Venezuela
De igual manera Tarazona denunció en el informe presentado al representante de la OEA, la permisividad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana -FANB- y el Estado venezolano con los grupos irregulares colombianos que actúan en territorio venezolano.
“En este sentido, le solicitamos a la Organización de Estados Americanos adelantar una investigación y elaborar un informe sobre la incursión de grupos guerrilleros colombianos en Venezuela, los cuales han contado con el resguardo del Gobierno», puntualizó.
Se pidió igualmente la incorporación de esta situación en las denuncias contra el régimen venezolano a interponer en la Corte Internacional de La Haya y toda agenda de diálogo político que lleve adelante la OEA como principal foro político de la región.
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”Ya que los organismos del estado tanto venezolano como colombiano permanecen silentes y complacientes frente a las operaciones que realizan estos grupos irregulares”, argumentó.
Asimismo requieren interponer de manera expedita una acción de petición de bloqueo ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones -Conatel- de las tres emisoras de la guerrilla colombiana presentes en el espectro radioeléctrico de Venezuela.
Medida de protección
Tarazona solicitó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos una medida de protección por encontrarse en una situación de vulnerabilidad y riesgo por las permanentes «amenazas de muerte de las he sido objeto, a raíz del trabajo de visualización y documentación de esta tragedia que he llevado a cabo desde hace varios años».
