Ante la llegada de ciudadanos venezolanos a Colombia buscando refugio por considerarse perseguidos por razones políticas después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, la Fundación Juntos Se Puede introdujo un derecho de petición al canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, solicitando modificar las restricciones laborales que afectan a quienes están haciendo dicha solicitud.
En el documento la directora de dicha organización, Ana Karina García, explicó que, aunque Colombia ha jugado un papel crucial como refugio para quienes huyen de la persecución política, el acoso a la prensa y la represión cívica en Venezuela, la burocracia vigente en el sistema de protección colombiano impone limitaciones a los refugiados, quienes reciben un salvoconducto que les impide trabajar legalmente mientras sus casos están en estudio, por lo que no pueden percibir ingresos para cubrir sus necesidades básicas.
Precisó que durante el mes de agosto la Fundación Juntos Se Puede recibió a más de 170 ciudadanos venezolanos perseguidos por razones políticas, por lo que solicitan al gobierno colombiano permitir que estas personas puedan suscribir contratos laborales a término definido y de prestación de servicios con el salvoconducto, mientras se resuelve su situación migratoria.
“Hoy tenemos 178 personas que están solicitando protección internacional, la condición de refugio y que no pueden trabajar (…) radicamos un derecho de petición para que se revise la solicitud y se permita trabajar con el salvoconducto de forma temporal”, afirmó García.
Destacó que en Venezuela después de las elecciones se han registrado más de 1700 detenciones arbitrarias, incluyendo menores de edad, 40 desapariciones y 26 asesinatos.
La Fundación Juntos Se Puede aboga por una política más inclusiva que permita a los ciudadanos venezolanos en esta condición, contribuir activamente a la sociedad colombiana mientras se garantiza el respeto a sus derechos fundamentales.