Por Wincarlys Ramos / Crónica Uno
Caracas. La trata de personas consta de varias fases que van desde la captación, traslado y recepción hasta la explotación. En cada una de estas se han identificado el cobro de coimas y sextorsión (extorción sexual) por parte de funcionarios públicos, de acuerdo con Manuel Sánchez Trujillo, investigador de la Organización No Gubernamental (ONG) Transparencia Venezuela.
El experto informó que la mayoría de los funcionarios relacionados con este delito forman parte de las policías municipales, regionales, nacionales y migratorias, componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Guardia Nacional, Ejército y Armada. También hizo mención de funcionarios del Servicio administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
Resaltó que esta problemática de corrupción es más frecuente en los pasos fronterizos, y cuando hay traslado interno, los funcionarios que están ubicados en algunas alcabalas ya tienen información de lo que está pasando, porque tienen datos y “forman parte de una red”.
Durante la presentación del informe de Transparencia Venezuela, publicado en noviembre de 2023, en el apartado de corrupción, institucionalidad y funcionarios públicos, Sánchez destacó que el Ministerio Público ha publicado casos de captura de una o dos personas involucradas en el delito de trata de personas, sin embargo, resaltó que este mercado criminal no es un hecho aislado que cometa una sola persona sino que se trata de una red.
Adolescentes y mujeres, las más afectadas
A través de las publicaciones del Ministerio Público, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, Transparencia Venezuela documentó 177 casos de personas víctimas de trata de personas entre 2021 y 2023. La mayoría de los casos se registraron en los estados Zulia, Delta Amacuro y Sucre y las más afectadas son las mujeres y adolescentes en un rango comprendido entre los 13 años de edad y los 35, con fines de explotación sexual.
De acuerdo con María Alejandra Pérez, abogada e integrante de Transparencia Venezuela, la Organización Internacional del Trabajo en 2022, reveló que entre 2017-2021, cerca de 50 millones de personas en el mundo eran víctimas de esclavitud moderna. Cifras que demuestran que 1 de cada 156 personas en el mundo están siendo víctimas de este flagelo.
Por otra parte, destacó que el Índice Global de Crimen Organizado (2021) mostró que la trata de personas es la economía ilícita con mayor presencia en el mundo. Según ese reporte, la trata de personas es uno de los primeros cinco mercados criminales en Venezuela.
El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños define la trata de personas como el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con fines de explotación.
Uno de los negocios criminales principales
En ese sentido, de acuerdo con los índices realizados por Transparencia Venezuela, la trata de personas en el país tiene una calificación de 2,25 sobre 3, siendo 3 la peor calificación, lo cual, a juicio de Sánchez, es una alarma. En Venezuela el delito de trata de personas es superado en puntuación por el negocio ilícito de oro (3) y el narcotráfico (2,70).
Datos de Mullier revelan que la cantidad de mujeres rescatadas de la trata de personas aumentó de 372 a 1390 mujeres entre 2018 y 2022.
Por otro lado, Sánchez subrayó que la población migrante es una de las más vulnerables en el mercado criminal de la trata de personas, con fines de trabajos forzosos y la esclavitud sexual, en la que los niños se ven también seriamente afectados. La pobreza es un factor desencadenante de este delito.
Para Sánchez la crisis y la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela profundiza y propicia el escenario para que en el país se lleven a cabos delitos como la trata de persona, que además, va de la mano de la corrupción que funciona como “un caldo de cultivo para que este tipo de economías ilícitas progresen”.
Omisión que preocupa
La abogada Pérez destacó que en 2021 a través del Decreto N° 4540, publicado en la Gaceta Oficial, se aprobó el Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2021-2025. No obstante, ese decreto no muestra el contenido íntegro del plan por lo que se anunció que se publicaría en las páginas web del poder ejecutivo, ciudadano y judicial, pero hasta el día de hoy no ha ocurrido.
Además, a pesar de que en mayo de este 2023 la viceministra Política Interior y Seguridad Jurídica, Alana Zuloaga, se comprometió ante el comité la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés), en que el texto sería publicado en un plazo máximo de 15 días, pero eso tampoco pasó.
“Esa omisión fue destacada como una preocupación por el comité Cedaw en las observaciones finales en el noveno informe periódico de Venezuela. Y entre esas preocupaciones el comité no solamente se pronunció sobre la falta de publicación del plan de trata, sino que había un numero limitado de medidas para prevenir, enjuiciar y castigar la trata de personas, y que falta una ley específica y amplia sobre el tema de la trata”, resaltó Pérez.
