Lima, 17 mar (EFE).- El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) saldrá en libertad en los próximos días después de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera un fallo este jueves que restituyó el indulto humanitario que recibió en 2017, en una decisión que reabrió la profunda división que genera el polémico político en Perú.
La resolución del TC, tomada con el voto dirimente de su presidente, Augusto Ferrero, no solo le abrirá las puertas de la prisión al exmandatario, actualmente de 83 años y condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, sino que ha enfrentado nuevamente a sus seguidores y detractores.
En las altas esferas del poder también fue recibida con indignación y rechazo, al punto que el Gobierno del presidente Pedro Castillo anunció que recurrirá a organismos internacionales para intentar revertirla.
En medio de esa polémica, Fujimori puede ser excarcelado el lunes o martes próximo, cuando se concluyan los trámites judiciales y legales para acatar la resolución, según adelanto su abogado defensor, Cesar Nakazaki.
Mientras que los seguidores del exgobernante celebraron la decisión, y decenas de ellos llegaron hasta las afueras de la cárcel de Lima en la que cumple su condena, su hija mayor, Keiko Fujimori, afirmó que la medida «es de justicia» y que la familia esperará «los siguientes pasos» para que el Poder Judicial cumpla con la resolución del TC.
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La tres veces candidata presidencial también dijo que no comentará por ahora «las diversas opiniones que han escuchado» en contra de la liberación de su padre, pero aseguró que los opositores a la medida «están en su derecho».
LA POLÉMICA DECISIÓN DEL TC
El voto dirimente de Ferrero decidió la nulidad de la resolución judicial que suspendió el indulto otorgado en 2017 a Fujimori, luego de que la votación del recurso de «habeas corpus» que solicitó esa medida quedara empatada en tres votos a favor y tres en contra.
En ese sentido, el TC declaró fundado un recurso interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
El Poder Judicial había anulado ese indulto por considerar que no cumplía con las exigencias legales y carecía de efectos jurídicos, por lo que Fujimori debió regresar a la prisión del cuartel policial del este de Lima en el que cumple su condena.
Actualmente, el indulto está siendo investigado por los tribunales, ya que la Fiscalía considera que fue producto de una negociación entre Kuczynski y el hijo menor de Fujimori, Kenji, quien por entonces era congresista, para que legisladores fujimoristas votaran en contra de un pedido de destitución del entonces mandatario.
RECHAZO CIUDADANO Y DEL GOBIERNO
En ese sentido, la decisión del TC también generó el rechazo de cientos de ciudadanos, que se reunieron en el centro histórico de Lima para protestar de manera pacífica, junto con los familiares de las víctimas de los crímenes por las que fue sentenciado Fujimori.
«Como familiares de las víctimas del caso Cantuta, en particular, y de todos los casos de la dictadura de Alberto Fujimori, estamos indignados por esta situación que resuelve darle libertad de forma ilegal», aseguró a Efe la exministra de Cultura, Gisela Ortiz, quien es hermana de uno de los estudiantes secuestrados, torturados y desaparecidos en la universidad limeña La Cantuta en 1992.
En un primer momento, la resolución también motivó el rechazo del presidente Castillo y del primer ministro, Aníbal Torres, una posición que luego fue ratificada desde el punto de vista jurídico por el viceministro de Justicia, Juan Carrasco, y el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa.
Tras reunirse en el Palacio de Gobierno con el gobernante, Carrasco adelantó que el Ejecutivo acudirá «a las vías internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para, a través de estos medios, revertir este fallo»
Landa, un reconocido constitucionalista que presidió el TC entre 2006 y 2008, sostuvo, por su parte, que la decisión «no es válida, pues va en contra de las decisiones» de la CorteIDH y, por tanto, «correspondería ser revertida» por ese tribunal.
Fujimori fue condenado como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el golpe de Estado que dio en 1992.
