Las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el cierre de frontera, específicamente de las deportaciones y desplazamientos forzosos ocurridos entre Venezuela y Colombia en agosto de 2015, enviarán a la Sala de Asuntos Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) los formularios habilitados por la institución para evaluar cada caso y analizar si continúan con la investigación contra el Estado venezolano.
El defensor de derechos humanos, presidente de la Fundación El Amparo y director del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), Walter Márquez, informó este jueves 12 de enero que la Fundación de Deportados, Repatriados y Desplazados (Deredez), presidida por Ana Teresa Castillo; y la Asociación Civil Unidos por un Mismo Fin, que coordina Adriana Barragán, trabajan con la Fundación El Amparo para llenar los formularios de la consulta que está adelantando la CPI.
Recordó Márquez que en agosto de 2015 fue cerrada la frontera por órdenes del Estado venezolano, y allí fueron deportados y desplazados de manera forzosa más de 24.500 colombianos, a quienes les demolieron sus viviendas en el barrio La Invasión de San Antonio, municipio Bolívar del estado Táchira.
“A las viviendas les colocaron primero, como en la época nazi, R de revisado y D de demoler, y demolieron más de 200 casas violando normas nacionales e internacionales, cuando muchas de esas personas estaban en Venezuela en calidad de refugiados y protegidos”, recordó.
Márquez explicó que con este proceso la Corte Penal Internacional revisará los diferentes delitos cometidos por el Estado venezolano en la voz de las víctimas, por lo que la Fundación El Amparo, está ayudando a quienes han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela al llenado y envío del formulario habilitado, incluyendo a quienes están en Norte de Santander.
Reiteró Walter Márquez la importancia de la apertura total sin impunidad, ya que considera que los crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de 2015 por Nicolás Maduro tienen que ser investigados y sancionados. Destacó que un equipo de abogados está trabajando en Cúcuta y otro en Venezuela, con abogados acreditados ante la CPI en La Haya parta ese fin.