Después de la apertura del paso por los puentes internacionales las localidades de San Antonio, municipio Bolívar, y Ureña, municipio Pedro María Ureña del estado Táchira, han sufrido una disminución del movimiento comercial, a pesar de que sus esperanzas estaban enfocadas en que la llegada de los ciudadanos colombianos les permitiría mejorar su situación.
Transitar por la avenida Venezuela y el centro de San Antonio da cuenta de una actividad comercial en total decadencia. Cuadras enteras conformadas por negocios presentan sus santamarías cerradas, pues sus mercancías no compiten con lo que ofrece Colombia en cuanto a costos, y los venezolanos que viajan hacia la frontera optan por buscar todo en la ciudad de Cúcuta, sin si quiera preguntar en los municipios fronterizos de su país.
A esto se le suman los altos costos del valor del agua, que han incrementado en un 800%, al igual que los impuestos de actividades económicas, la patente de industria y comercio, las solicitudes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), el pago de alquiler, el desnivel del bolívare frente al dólar y el peso colombiano, entre otros.
Diario de Los Andes conversó con algunos comerciantes de la zona, quienes expresaron su tristeza por la situación económica que enfrentan. Aseguran que las cámaras de comercio y el gobierno regional no se han reunido con ellos para planificar estrategias que permitan reactivar la economía en la zona, por lo que consideran que desde el punto de vista comercial la frontera sólo ha tenido resultados positivos para las industrias que están intercambiando mercancías.
“Estoy pensando en cerrar”
Nohemí Aguilar de 63 años de edad, tiene 43 años trabajando como comerciante en San Antonio del Táchira. Inició con un negocio de venta de productos alimenticios al mayor y hace 24 años abrió otro para la venta al detal, pero con la decadencia económica que generó el cierre de frontera decidió quedarse sólo con el último.
Antes de la apertura del paso por los puentes internacionales tenía un nivel de ventas que le permitía sostener gastos de alquiler del local (450.000 pesos colombianos), el pago de dos empleados (500.000 pesos), cancelar el servicio de agua potable hasta mitad del año 2022 en 35.000 pesos, así como los impuestos correspondientes por actividades económicas, pero con la baja en las ventas que las estima en un 70% y el incremento en el valor de los servicios públicos, asegura que no podrá mantenerse activa durante mucho tiempo.
El servicio de agua potable no lo cancela desde que iniciaron los aumentos, porque supera el millón de pesos. Envió una carta a Hidrosuroeste pidiendo una revisión y no ha obtenido respuesta. No entiende el motivo de esos costos, cuando en la localidad llega el agua una vez al mes.
“En pandemia dije que iba a cerrar y luego decidí esperar un poco a ver si la cosa cambiaba. Después también pensé en cerrar, pero me mantuve con la promesa de la apertura de frontera, y este año todos los meses pienso en cerrar y me he mantenido en la espera, pero siento que ya no aguanto más… No era lo que se esperaba que íbamos a tener nuevamente esa frontera viva, bonita, es mentira. Yo estaba pensando, hubiese a quien venderle estas cositas (la mercancía del local) de verdad lo haría y me iría a descansar un poco”, destaca.
Con ella trabajan su hijo y su nuera, y ha sido por ellos que se ha negado a cerrar durante este tiempo, sin embargo, eso no significa que los ingresos le permitan mantenerse a flote. Al momento de la entrevista había vendido 50.000 pesos en mercancía, los cuales no fueron pagados de contado, eran fiados.
“Ahorita la gente por 500 o 1.000 pesitos pasan a La Parada, pasan a Cúcuta, y como ahorita hay la facilidad de la moto pues van y compran allá, entonces quedamos como mirando para el cielo… La única solución es que bajaran precios, porque no hay cómo competir. Colombia tiene muy buenos precios con todos esos supermercados, el D1 y todo eso. Usted pasa por ahí y ve las colas, usted se queda boca abierto y aquí uno mirando para el cielo”, agrega.
Los productos que más vende son los de Polar, como mayonesa, mantequilla, harina pan, compotas, Toddy, porque son los únicos que el colombiano consigue a mejores precios en San Antonio del Táchira. “Cuando estaba cerrada la frontera se vendía mucho más”, afirma.
“Luchamos contra la corriente”
Liliana Sandoval es propietaria de una comercializadora. Desde la apertura de frontera sus ventas también han disminuido en un 70% como consecuencia de que en Colombia hay precios accesibles y el venezolano prefiere ir a comprar allá.
A esto le suma que al colombiano le estaría dando miedo cruzar a Venezuela por “el matraqueo” por parte de algunos funcionarios militares y policiales.
“En enero cuando abrieron la frontera se vendía bastante, luego como al mes disminuyó como un 70%, bastante… He escuchado que a la gente de Colombia le da miedo pasar porque las autoridades, la matraca, y esas cosas, que le quitan plata, entonces siempre es fuerte el tema de que a la gente le da miedo pasar. No hay precios atractivos para que la gente venga a comprar del otro lado, no hay nada atractivo en el pueblo para que la gente pase a gastar, al contrario, las calles están deterioradas, le falta inversión por parte de los entes correspondientes”, relata.
Sandoval especifica que a las bajas ventas se le suman los altos costos para el funcionamiento de los comercios. Reconoce que es una de las usuarias que cancela más económica el agua potable, pues el recibo mensual le llega entre 200.000 y 300.000 pesos colombianos, pero al lugar llega el servicio una vez al mes, por lo que decidió no pagarlo más, aunque el recibo sigue siendo emitido por Hidrosuroeste.
“El detalle está que el agua no llega, aquí llega una vez al mes. Nosotros estamos pagando aproximadamente entre 200.000 y 300.000 pesos de agua por un mes, y es uno de los comercios que menos paga, pero siempre es complicado porque creo que ni en Cúcuta se paga ese precio del servicio de agua. Antes pagaba lo equivalente a 10.000 pesos como hasta mediados del año pasado que empecé a pagar 200 o 250.000 pesos mensual. Pedimos que nos pongan un contador y si se consumieron 1000 litros en el día, yo los pago, pero es que el detalle está en que no llega el agua. Llega el agua una vez al mes y no corresponde el servicio con el costo”.
Debe pagar camiones cisternas para llenar el tanque de 500 litros que tiene el negocio. Por ello cancela 40.000 pesos colombianos, el resto del tiempo saca agua de un tanque que tiene la plaza cercana. Lo mismo estarían haciendo los demás comerciantes de la zona.
Explicó que a esto se suma el impuesto del Seniat, el pago de la impresora fiscal que tiene un costo de 1.000 dólares, los impuestos de la alcaldía que son calculados en petros, y si no se cancelan cada tres meses les suman el 20%. El permiso sanitario tiene un valor de 300.000 pesos, por la patente de industria y comercio canceló en enero 1 millón 800 mil pesos, y por el servicio de aseo urbano deben cancelar 25.000 pesos mensuales.
“Aquí estamos luchando contra la corriente, sacando el negocio adelante, confiando en Dios que las cosas van a mejorar. Aquí seguimos guapeando, esperando que el tema de los servicios con el costo mejore, que el Seniat sea más flexible, que en la alcaldía tengan conciencia respecto a cómo está la economía del pueblo, y que la gente compre producto venezolano que es de muy buena calidad”, destaca Sandoval entre sus esperanzas.
“Este mes cerramos”
La dueña de un restaurante ubicado en el centro de San Antonio, que prefiere no ser identificada, cerrará su negocio a finales del mes de abril, porque, aunque no paga alquiler, es muy poco lo que vende al día, y debe cumplir con el pago de salarios a cuatro trabajadores, con el pago del servicio de electricidad (80.000 pesos) y de agua (300.000 pesos)
Para evitar el consumo de electricidad, apagan las luces cuando no hay clientes y se quedan en la oscuridad. Esto incluye además apagar la cocina y todos los electrodomésticos que tengan conectados.
“Estamos más solos que antes”
Janeth Chacón está encargada de un negocio de venta de alimentos y de objetos para el hogar. Desde la apertura de frontera lo que más vende es los productos de la Polar y es lo que le permite mantener las santamarías abiertas.
En este local comercial las ventas han disminuido desde el mes de enero de 2023 en un 60%, porque los productos importados casi ya no tienen salida. “Nosotros pensábamos que iba a ser mejor con la apertura de frontera, pero fue todo lo contrario, estamos más solos que antes”, dice.
Por el servicio de agua potable cancela mensualmente 321.728 pesos, pero nunca les llega, por lo que paga hasta cinco camiones cisterna al mes, con un costo de 40.000 pesos cada uno.
Los comerciantes entrevistados por Diario de Los Andes consideran que las cámaras de comercio y los representantes gubernamentales deben reunirse con los dueños de comercios para entre todos buscarle una solución a la reactivación de la economía del lado venezolano de la frontera, y evitar que sigan cerrando más negocios.
