Tras la aprobación por parte de la Asamblea Nacional (AN) del antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro, impulsado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde el exilio, consultamos la opinión sobre el tema de Francisco Conte, reconocido abogado constitucionalista y analista colaborador de esta casa editorial.
“Es importante que la gente sepa que el pasado 17 de abril la AN acordó, con una votación de 105 diputados a favor y dos en contra, el juicio contra el Presidente de la República, por presuntos hechos de corrupción con Odebrecht, con lo que el TSJ dará inicio a la etapa de revisión de pruebas y debate probatorio para luego decidir si hay condena penal al respecto”, inició.
Para Conte dicha decisión contribuye a afianzar el desconocimiento de la comunidad internacional contra el gobierno de Maduro. Indicó además que a la decisión del Parlamento se suma a la Declaratoria de Responsabilidad Política del Presidente del 13 de diciembre de 2016 y a la Declaratoria de Abandono del Cargo realizada por la misma instancia el 9 de enero de 2017, las cuales aunque no han tenido en el orden interno ninguna repercusión jurídica, sí a nivel político al igual que en el orden internacional.
Además de recordar que los magistrados que conforman el TSJ en el exilo fueron designados por el Parlamento, cumpliendo un procedimiento ajustado totalmente a los mandatos constitucionales y legales que regulan la materia, son reconocidos por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y el resto de los países que individualmente integran la Comunidad Internacional Democrática.
Justicia internacional
Conte resaltó que los integrantes del legítimo TSJ enmarcan su administración de justicia en territorio extranjero dentro de una denominada justicia o jurisdicción internacional fundamentada en la protección universal de los Derechos Humanos y la Convención de Palermo, establecida para el juzgamiento universal de la corrupción, y por ende de la violación de los Derechos Humanos.