La coordinadora regional del Foro Penal, Raquel Sánchez, denunció que los detenidos fueron llevados al CLE donde recibieron tratos crueles, inhumanos y degradantes
Durante la protesta que se llevó a cabo el pasado 23 de enero en San Cristóbal, fueron detenidas 17 personas, de las cuales dos fueron confirmadas como adolescentes y entregadas a sus representantes, según balance presentado este lunes por el Foro Penal Venezolano -FPV- en el estado Táchira.
La coordinadora del Foro, Raquel Sánchez, acompañada de los integrantes del organismo, informó que los otros 15 detenidos fueron pasados a proceso y aunque serían presentados el 25 de enero, la audiencia fue diferida, por lo que concluyó el 26 de enero.
A estas personas se les imputaban los delitos de agavillamiento, devastación, daños materiales a la propiedad privada, resistencia con violencia e instigación pública, de los cuales fueron desestimados tres delitos, por lo que ahora los culpan de instigación pública y daños materiales a la propiedad privada.
«Esto se llevó a cabo ante el tribunal quinto de control y estas personas fueron detenidas la mayoría por funcionarios del FAES, fueron trasladadas al Consejo Legislativo Regional donde recibieron tratos crueles, inhumanos y degradantes, y posteriormente fueron suturados, y recibieron atenciones que desconocemos de quién vinieron, porque en las actas no reposa ningún tratamiento médico. Hay incluso suturas en la cabeza de una de las personas detenidas», añadió.
Entre los detenidos también hay un ciudadano con trastorno de bipolaridad, pero a pesar de consignar los informes médicos para demostrar su situación y que debe ser sometido a tratamiento, la fiscal exigió un examen médico forense para resolver su situación penal.
Al ser consultada sobre el secuestro del coordinador de Activismo de Voluntad Popular en la región, Carlos Delgado Villamizar, la representante del Foro Penal informó que comunicaron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos -CIDH- sobre esta desaparición, con el fin de proteger al dirigente de la tolda naranja, por lo que el Estado venezolano ya está al tanto de la situación y debe garantizar su libre desenvolvimiento.