Caracas, 4 ago (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, acusó este miércoles a la Organización de Estados Americanos (OEA) de «interferir» en el examen preliminar del que el país es objeto ante la Corte Penal Internacional (CPI).
«El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela ha tomado nota sin sorpresa de la nueva tentativa de la OEA y de sus autoproclamados ‘expertos independientes’ de influir en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», expresó Saab en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.
Añadió que el pasado 2 de diciembre, la OEA «intentó presionar» a la Fiscalía de la CPI y que en esa ocasión el organismo lamentó «el tono y la forma del informe emitido por la Secretaría General».
Asimismo, Saab señaló que este lunes la OEA repitió «su tentativa de influir en el buen desarrollo de la justicia internacional, esta vez utilizando a uno de sus autoproclamados ‘expertos independientes'».
El fiscal dijo que el 13 de julio, su despacho entregó un informe a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI donde se «demuestra el sesgo parcial contra Venezuela y sus instituciones de los ‘expertos’, uno de ellos abogado y asesor legal de una personalidad importante de la oposición insurreccional al Gobierno legítimo de la República».
Saab insistió en que el trato que debe darse a los países que son objetivo de un examen preliminar debe ser justo e igualitario, «lo que no se ha producido en el caso de Venezuela I hasta la decisión del 14 de junio de 2021 de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI», cuando aseguraron que el país caribeño «ha estado dispuesto a brindar una cooperación fructífera con la Corte».
El lunes, un grupo de expertos designado por la OEA urgió a la CPI a anunciar la apertura de una investigación contra el país caribeño por crímenes de lesa humanidad.
En un comunicado, el panel de expertos se refirió a la situación de Venezuela, que desde febrero de 2018 se encuentra bajo examen preliminar por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas en 2017 como en algunas cárceles.
El panel, designado en 2017 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió que se abra la investigación, pero sobre esa posible apertura debe pronunciarse el fiscal de la CPI Karim Khan, quien sustituyó en el cargo a Fatou Bensouda, el pasado 15 de junio.
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Para los expertos, «cualquier retraso» en este proceso «sería inapropiado y solo produciría mayores daños al pueblo venezolano».
Bensouda dijo el 8 de junio a Efe que esperaba anunciar si abriría o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resolviera una solicitud de la nación caribeña, que se quejó de trato «discriminatorio» y «desigual».
Sin embargo, Bensouda dejó el cargo sin hacer un pronunciamiento al respecto.
La exfiscal adelantó en noviembre del año pasado que existen «fundamentos razonables para creer» que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el último informe hecho público, mencionó posibles delitos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos, cuyas víctimas habrían sido miembros de la oposición.
