Caracas, 15 ago (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó este jueves al exdiputado opositor Gilber Caro de pedir a varios ‘pranes’ -líderes de cárceles- que consiguieran personas «con armas» y provocaran «disturbios» en las calles, en referencia a las protestas que se desataron contra el resultado oficial de las presidenciales, que ratificó a Nicolás Maduro como presidente reelecto.
«¿El enlace quién creen ustedes que fue? Fue un homicida, mano derecha en su momento de Leopoldo López (opositor exiliado) y (su esposa) Lilian Tintori», dijo Saab en referencia a Caro, quien, según testimonios mostrados por el fiscal, prometió ayudar a los ‘pranes’ cuando se convirtiera en «ministro Penitenciario».
En una trasmisión del canal estatal VTV, Saab mostró videos de varios presos que aseguraron haber sido contactados por Caro, quien, señalaron, dos días antes de las elecciones del 28 de julio, comunicó que «necesitaba personas» para causar «vandalismo» en las calles, todo «financiado» por «el equipo» de la líder opositora «María Corina Machado y Leopoldo López».
El exdiputado y varios ‘pranes’, prosiguió Saab, conversaron sobre cómo «iban a ser las acciones» después de «un baño de sangre» en los días 29 y 30 de julio, cuando la Fiscalía registró la mayoría de las 25 muertes durante protestas, por las que, además, hay más de 2.400 personas detenidas, según las autoridades.
En este sentido, el fiscal manifestó que, luego del veredicto del ente electoral, «se desató una oleada de violencia instrumentalizada (…) por los mal llamados comanditos» -los grupos de organización política de la campaña del opositor Edmundo González Urrutia-, que -dijo- «utilizaron personas con prontuarios delictivos», a quienes «previamente drogaron», para «quemar» varios sitios y «bañar de sangre el país».
Asimismo, explicó que la Fiscalía «tiene detenido a un número sumamente importante de sujetos convictos y confesos», que fueron acusados de los delitos de «homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, porte ilícito de arma de fuego, asociación para delinquir y terrorismo».
El martes, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, denunció «el elevado y continuo número de detenciones arbitrarias» y el «uso desproporcionado» de la fuerza reportados luego de las protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales, unas afirmación que el Gobierno rechazó.
Por su parte, el antichavismo ha pedido «el cese de la persecución» y la liberación de las personas detenidas por protestar contra el resultado oficial de las elecciones, en las que la mayor coalición opositora asegura que ganó su abanderado, González Urrutia, tras reunir el «83,5 %» de las actas que -insisten- demuestran este triunfo.
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