Bajo el manto del misterio que rodea todo el accionar del régimen de Nicolás Maduro, siguen funcionando tramas que se favorecen de las contrataciones y operaciones crediticias realizadas desde potencias como Rusia hacia sus operadores en Venezuela.
Y es que en Venezuela se trafica con minerales como el oro cuya declaración en cuanto a origen y destino así como los beneficiarios de esas operaciones no llegan a ser declaradas más que entre los círculos encumbrados y elitescos del chavismo.
De allí que las investigaciones por irregularidades quedan “sepultadas en el olvido” aún antes de lograr resultados apetecibles para la aplicación de sanciones o penas.
No ocurre así con parte de los inversionistas que han asentado en esta tierra sus fábricas y operaciones.
Demeshin aseguró a través del canal de video on line Eir, perteneciente a la fiscalía rusa que “La corporación estatal Rostec detectó estos robos y se dirigió a la Fiscalía y el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB, antiguo KGB). Realizamos una inspección, detectamos que los robos efectivamente tuvieron lugar y se abrieron causas penales”.
La existencia de esas plantas en Venezuela se explican “en base a acuerdos de comercio exterior”, y se trata de plantas de producción de municiones y fusiles.
Según Demeshin, en la actualidad la causa penal se encuentra en una fase de “investigación activa”.
Para el mes de febrero de este año, el director general de la empresa Rostec Serguéi Chemezov, informó que las obras de la fábrica concluirían antes de fin de año, si bien medios rusos indicaron en enero pasado que la construcción se aplazó en varias ocasiones debido a escándalos de corrupción.
El exsenador ruso Serguéi Popelniújov, cuya compañía estaba a cargo de la realización del proyecto, fue condenado por el robo de más de 1.000 millones de rublos (cerca de 16 millones de dólares).
La defensa del exlegislador alegó que las fábricas no fueron construidas en el plazo previsto debido a la altísima inflación que afecta a la nación caribeña.
La cartera de contratos de cooperación técnico-militar entre Rusia y Venezuela asciende a los 11.000 millones de dólares.
Estas cifras se obtienen desde la información que brindan las empresas rusas ya que el régimen realiza todas esas operaciones bajo el más estricto secreto sin rendir ningún tipo de cuentas o balances ante el país o alguno de sus instituciones.