La Fiscalía de Venezuela ha solicitado abrir un juicio para 22 personas que fueron detenidas como parte de la operación Anticorrupción que comenzó el 17 de marzo pasado. En total, se emitieron 81 órdenes de aprehensión, de las cuales 61 se llevaron a cabo contra personas sospechosas de estar involucradas en casos de corrupción en el Poder Judicial, alcaldías y empresas estatales como Pdvsa, CVG y Cartoven.
La mayoría de los detenidos, un total de 41, están relacionados con la industria petrolera, según el fiscal Tarek William Saab. De los 61 arrestados, la Fiscalía ha concluido la investigación de 22 personas, incluyendo 13 empresarios y nueve funcionarios públicos.
Fueron más de 5 mil millones de dólares solo en PDVSA
Estos 22 individuos trabajaban en tres grupos diferentes que se unieron para defraudar a Pdvsa. Según la investigación de la Fiscalía, este fraude asciende a $5.550.544.290,74. La Fiscalía acusa a estas personas de participar en una red de corrupción conformada por funcionarios públicos que, aprovechándose de su cargo y autoridad, realizaron operaciones petroleras paralelas asignando cargamentos de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y a particulares sin ningún tipo de control. Las ganancias de estas ventas de petróleo se desviaron a través de criptoactivos y negocios realizados por 74 empresas.
La Fiscalía identifica al coronel José Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Pdvsa, como el líder de esta red de corrupción. Pérez Suárez ordenó la construcción de una oficina irregular en Pdvsa-La Campiña, llamada Unidad de Trabajo Especial, desde donde se manejaba información clasificada de Pdvsa y donde se llevaban a cabo reuniones con operadores financieros. La Fiscalía también menciona a otros individuos que formaban parte de esta red, incluyendo a funcionarios de la Sunacrip y a empresarios.
El diputado Hugbel Roa aparece en el escrito acusado como intermediario entre empresarios y Pérez Suárez. Otros documentos presentados por la Fiscalía solicitan enjuiciar a Cristóbal Cornieles y José Maxcimino Márquez García, ex presidente del Circuito Judicial Penal Caracas y ex juez 4º antiterrorista, acusados de recibir dádivas por favorecer la liberación de Oswaldo Cheremos, considerado socio del Tren del Llano.
Con información de Últimas Noticias.
Fuente: Punto de Corte
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